La crisis eléctrica, la escasez de combustible, el deterioro del sistema de salud y las amenazas sobre la seguridad alimentaria podrían convertirse nuevamente en los principales impulsores de una nueva ola migratoria si no se adoptan medidas urgentes durante los próximos seis meses.
La historia demuestra que las advertencias ignoradas suelen regresar con consecuencias más graves.
En 2017, un grupo de venezolanos radicados en Estados Unidos acudimos a Washington para alertar sobre el colapso económico, social y humanitario que se estaba gestando en Venezuela. Advertimos sobre el deterioro de la infraestructura productiva, la destrucción progresiva de los servicios públicos y el riesgo de una migración masiva que terminaría afectando a toda la región.
Aquellas advertencias no recibieron la atención necesaria. En numerosos espacios se privilegió la visión de los actores políticos, mientras se subestimaba el análisis de empresarios, académicos, profesionales y representantes de la sociedad civil que conocíamos de primera mano la realidad venezolana.
Las consecuencias fueron evidentes.
Más de siete millones de venezolanos abandonaron el país. Millones de familias quedaron separadas. América Latina enfrentó la mayor crisis migratoria de su historia reciente y países como Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil asumieron buena parte de sus consecuencias.
Hoy, en 2026, Venezuela enfrenta una nueva coyuntura crítica.
La transición política y la nueva realidad institucional han generado expectativas legítimas de recuperación. Sin embargo, la situación económica y social continúa siendo extremadamente frágil y existen señales de alerta que no deben ser ignoradas.
Una economía que sigue bajo presión
La inflación continúa erosionando el poder adquisitivo de los ciudadanos. Los apagones afectan amplias regiones del país y, en numerosos estados, los cortes eléctricos de entre cinco y ocho horas diarias paralizan actividades económicas, reducen la producción y desalientan la inversión.
La crisis energética ha dejado de ser un problema coyuntural para convertirse en una limitación estructural para el crecimiento.
Miles de fábricas, comercios y productores agrícolas dependen de plantas eléctricas para mantener sus operaciones. Sin embargo, la escasez de diésel limita su funcionamiento, incrementa los costos de producción y reduce la competitividad de las empresas venezolanas.
A esta realidad se suma la persistente escasez de gas doméstico en diversas regiones del país, obligando a millones de familias a recurrir a soluciones precarias para satisfacer necesidades básicas.
La salud también está en riesgo
El sistema hospitalario continúa operando bajo una enorme presión.
Los cortes eléctricos frecuentes y las limitaciones en el suministro de combustible afectan la atención médica, la conservación de medicamentos, la operatividad de laboratorios y el funcionamiento de equipos especializados.
Un hospital o un centro de diálisis sin electricidad no es simplemente una falla de servicios públicos; puede convertirse en una amenaza directa para la vida de miles de ciudadanos.
Durante los años más críticos de la crisis venezolana, miles de personas sufrieron las consecuencias directas e indirectas del colapso de los servicios básicos. Esa realidad no debe repetirse.
Seguridad alimentaria: el desafío silencioso
La seguridad alimentaria enfrenta amenazas igualmente importantes.
Cuando falta combustible para la maquinaria agrícola, cuando las plantas procesadoras operan a media capacidad o cuando la cadena de frío se interrumpe por fallas eléctricas, el resultado inevitable es una menor oferta de alimentos, mayores costos de producción y una presión adicional sobre la inflación.
La combinación de estos factores resulta preocupante:
Inflación persistente.
Apagones recurrentes.
Escasez de combustible.
Debilidad del sistema de salud.
Riesgos para la seguridad alimentaria.
Baja inversión productiva.
A ello se suma el aumento del valor de las divisas, el incremento constante de los costos de insumos y servicios y una estructura económica que ha encarecido significativamente numerosos bienes de consumo.
Ninguna cantidad de remesas enviadas por millones de venezolanos en el exterior podrá sostener indefinidamente una economía con estas características.
Tres prioridades para los próximos seis meses
Si se desea evitar una nueva crisis migratoria, las autoridades de transición deben concentrar sus esfuerzos en tres áreas estratégicas.
1. Recuperar el sistema eléctrico nacional
La rehabilitación de la generación, transmisión y distribución eléctrica debe ejecutarse bajo un esquema de emergencia nacional, con participación internacional, financiamiento multilateral y supervisión técnica independiente.
Sin estabilidad energética no habrá recuperación industrial, agrícola ni comercial.
2. Garantizar el abastecimiento de combustibles
El suministro de diésel para la agroindustria, la manufactura, el transporte y los sistemas de respaldo eléctrico debe ser considerado una prioridad de seguridad nacional.
La recuperación económica será imposible mientras los sectores productivos continúen enfrentando limitaciones energéticas permanentes.
3. Fortalecer el sistema hospitalario y sanitario
La recuperación de hospitales, el suministro de insumos médicos y la estabilidad energética de los centros de salud constituyen inversiones fundamentales para preservar la vida y garantizar la estabilidad social.
Asimismo, resulta indispensable fortalecer la capacidad de gestión de las instituciones responsables de los servicios esenciales, incorporando talento técnico y mecanismos modernos de supervisión y rendición de cuentas.
La ventana de oportunidad es limitada
Venezuela aún cuenta con recursos energéticos, talento humano y capacidad productiva para reconstruirse.
También existen oportunidades para impulsar reformas institucionales, fortalecer la transparencia, modernizar la administración pública y avanzar hacia procesos democráticos que permitan recuperar la confianza de los ciudadanos.
Sin embargo, el tiempo apremia.
Si durante los próximos seis meses no se producen mejoras tangibles en electricidad, combustibles, salud y seguridad alimentaria, millones de venezolanos podrían volver a perder la esperanza y considerar nuevamente la migración como única alternativa.
La lección de 2017 es clara.
Las señales de alerta están nuevamente presentes.
La diferencia entre una recuperación sostenible y un nuevo éxodo dependerá de la capacidad de actuar con rapidez, realismo y visión estratégica.
La historia ya mostró el costo de ignorar las advertencias.
No repitamos ese error.
