Emergencia humanitaria ya, ruta electoral en marcha: la propuesta del POC, CONFEPUV y FAPI para los venezolanos que no pueden esperar un año
Venezuela vive hoy una etapa que podríamos llamar de pre-transición: el régimen heredero de Maduro está en pie, las instituciones siguen capturadas, pero el escenario político ha cambiado de manera irreversible desde el 3 de enero de 2026. El Secretario de Estado Marco Rubio ha trazado una hoja de ruta de tres fases —estabilización, recuperación económica y elecciones libres— que constituye el marco de referencia internacional. La Plataforma Unitaria Democrática, por su parte, ha detallado un plan en tres etapas que parte del restablecimiento de garantías políticas y culmina en comicios en todos los niveles del Estado. Y María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, ha señalado con claridad que un proceso electoral con votación manual y condiciones reales puede completarse en nueve o diez meses, siempre que se inicie cuanto antes. El problema es ese precisamente: que no ha comenzado.
La razón de esa demora no es técnica ni logística. Es política. En veintisiete años de destrucción institucional, el régimen tuvo siempre una sola prioridad: mantenerse en el poder bajo cualquier excusa. Esa lógica no desaparece con la extracción de Maduro. Los herederos del sistema —quienes hoy designan fiscales, defensores y magistrados con las mismas caras del aparato anterior— no tienen ningún interés genuino en convocar unas elecciones que saben que perderían con la misma contundencia del 28 de julio de 2024, cuando el embajador Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos. Como bien señaló el propio González Urrutia en declaraciones recientes: “Las estructuras de control no desaparecen solas. Todo eso sigue ahí, adaptándose, buscando sobrevivir.” Eso es exactamente lo que estamos viendo: adaptación y supervivencia del sistema, no transición.
Pero mientras el régimen maniobra para ganar tiempo, millones de venezolanos no tienen ese tiempo. El Manifiesto por la Ruta Electoral y la Emergencia Humanitaria suscrito el 23 de abril de 2026 por el Programa de Organización Ciudadana, la Confederación de Profesionales Universitarios y Técnicos de Venezuela y el Frente Amplio Profesional Internacional —en representación de más de 25 organizaciones de dentro y fuera del país— parte de una verdad que no puede postergarse: los pensionados venezolanos sobreviven con 130 bolívares mensuales, equivalentes a 0,27 dólares, frente a una canasta básica que supera los 692 dólares según el CENDAS de marzo de 2026. El 29,5% de los niños monitoreados por Cáritas Venezuela presenta desnutrición aguda o riesgo. El 76% de las familias enfrenta inseguridad alimentaria. Y en el Alto Orinoco, el informe Provea-Wayamoutheri confirma que el 3% de la población indígena está en riesgo de extinción física y cultural. Esas personas no pueden esperar nueve meses. No pueden esperar un año.
Dos urgencias paralelas, no secuenciales
El Manifiesto establece con claridad un principio que resulta fundamental para entender la propuesta: la emergencia humanitaria y el proceso electoral son paralelos, no secuenciales. No puede decírsele al niño desnutrido, al pensionado que sobrevive con 27 centavos de dólar diario, al indígena amenazado por la minería ilegal que espere a que haya elecciones para que su situación mejore. Por eso el POC, CONFEPUV y FAPI proponen activar de forma inmediata un programa de atención prioritaria para los sectores más vulnerables a través de las organizaciones con presencia real en los territorios: Cáritas Venezuela y las redes de las más de 25 organizaciones que integran el movimiento. Esto requiere el reconocimiento oficial de la crisis humanitaria como emergencia nacional, un encuentro de alto nivel con los gobiernos aliados —en particular el de los Estados Unidos— y la habilitación de la cooperación internacional para articular un Plan de Emergencia y Cooperación Nacional. No es caridad. Es la obligación básica que tiene cualquier Estado hacia sus ciudadanos más vulnerables.
Lo que puede avanzar sin esperar al CNE
Sobre la ruta electoral, el Manifiesto hace una distinción que es técnica y políticamente decisiva: hay acciones que pueden y deben iniciarse sin esperar la designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. María Corina Machado lo ha ratificado esta semana al exigir la renovación del CNE “lo antes posible” como paso imprescindible, pero subrayando que entretanto no puede haber inacción. El POC identifica cuatro medidas que pueden comenzar ahora mismo: primero, la auditoría y actualización del Registro Electoral Permanente, para garantizar la incorporación de nuevos votantes; segundo, el inicio del proceso de inscripción de venezolanos en el exterior, lo que requiere reformas reglamentarias que eliminen el requisito de legalización consular —insostenible con más de cuatro millones de venezolanos en países donde Venezuela tiene presencia consular mínima—; tercero, los acuerdos anticipados con veedores internacionales para una observación que acompañe todo el proceso, no solo el día de la votación; y cuarto, el cese inmediato de todas las inhabilitaciones políticas y la devolución de los símbolos y tarjetas a los partidos legítimos.
En paralelo a las medidas institucionales, el POC propone dos acciones de organización ciudadana que son el eje de su modelo probado el 28 de julio de 2024. La primera es la reactivación de los comanditos —la célula básica de organización familiar y comunitaria— como instrumento para ordenar la participación social en los procesos electorales y coordinar la distribución de asistencia humanitaria en los territorios. Los comanditos son el puente concreto entre la dirigencia y el venezolano en el sector popular que vive la crisis cada día. La segunda es el inicio inmediato del Programa de Defensa del Voto: el reclutamiento y adiestramiento jurídico-electoral de más de 15.797 abogados y estudiantes de Derecho en todo el país, replicando y escalando la experiencia que el 28 de julio de 2024 puso a casi 3.000 abogados en los centros electorales defendiendo las actas. Ese programa fue determinante en 2024. En unas elecciones verdaderamente libres, con observación internacional real, lo será aún más.
El mensaje al venezolano que sobrevive desde adentro
El Manifiesto del POC, CONFEPUV y FAPI no es solo un documento para negociadores y diplomáticos. Es un mensaje directo al venezolano que hoy trabaja en la economía informal porque el salario no alcanza, al médico que no puede comprar medicamentos, al pensionado que sobrevive con 27 centavos al día, a la madre indígena que no tiene acceso a atención de salud en el Alto Orinoco. El mensaje es este: la sociedad civil organizada no está esperando. Está actuando. La emergencia humanitaria no puede aguardar al proceso electoral, y el proceso electoral no puede aguardar a que el régimen decida iniciar una transición que no le conviene. Por eso el POC, CONFEPUV y FAPI presentan ante el país, la comunidad internacional y los aliados democráticos una propuesta concreta, con cuatro elementos estratégicos, respaldada por la experiencia de quienes estuvieron en los centros electorales el 28 de julio de 2024 y por la red de más de 25 organizaciones que llegan donde los partidos políticos no siempre alcanzan.
Venezuela no puede esperar a que el régimen decida cuándo empieza la transición. La sociedad civil organizada ya empezó. La emergencia humanitaria es ahora. La ruta electoral es ahora. La Democracia Total no es un horizonte lejano: es una decisión que se construye hoy, organización por organización, comandito por comandito, abogado por abogado.
Rafael Veloz García
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