
La espera, la ilusión y las dudas protagonizaron el primer día del proceso de regularización masiva de migrantes en España, una jornada marcada por largas filas, sobre todo en consulados latinoamericanos y norteafricanos, de personas que ya viven en el país y quieren conseguir sus permisos de residencia y trabajo.
Las autoridades españolas abrieron este jueves el plazo para presentar las solicitudes de manera telemática y a partir del próximo lunes se podrá hacer también de manera presencial hasta el próximo 30 de junio.
Colombianos, bolivianos y marroquíes entrevistados por EFE mientras esperaban a ser atendidos coincidieron en que las mayores dificultades las encontraron en los consulados de sus países en España, a los que tienen que recurrir para pedir el certificado que acredite que no tienen antecedentes penales.
«Lo difícil para sacar la cita acá en el consulado es que la página se cae, no hay citas», aseguró una mujer colombiana que esperaba con su hija.
Un chico marroquí de 22 años lamentó que en el consulado de Marruecos en Madrid tienen «muchos problemas».
«Aquí todo va tarde. Si quieres pedir cita, tarda un mes. Y una vez aquí, hay mucha gente, tienes que esperar cuarenta minutos como mínimo», explicó.
No obstante, con el certificado de sus antecedentes penales en mano, alabó la eficacia de Marruecos para tramitarlo. «El proceso es muy fácil, el Gobierno de Marruecos pone muy fácil a los marroquíes que están aquí conseguir los papeles. Yo lo pedí y a los 25 días me lo enviaron», dijo.
Por su parte, una mujer peruana también coincidió en que en su país pedir los antecedentes penales es «fácil virtualmente, como cualquier otro trámite»: «Es pagar la tasa, pedir que te lo manden por correo y ya está».
Facilidades y trabas
Chile disfruta de una «posición privilegiada», afirmó Freddy Antonio, un joven chileno que vive en España desde 2022 pero que no pudo, hasta ahora, solicitar la regularización.
«Yo ahora mismo puedo entrar a la pagina web del Gobierno de Chile con mi clave única y con eso descargar mi acta de nacimiento, mi certificado de antecedentes penales apostillado por La Haya y lo recibo en mi correo en 10 segundos», aseguró.
Lo más «engorroso» para él es demostrar que lleva en España desde antes del 1 de enero de 2026.
«Supuestamente con la tarjeta de transportes de la Comunidad de Madrid servía para demostrarlo, pero parece que ahora solo sirve el pasaporte y más pruebas, como contratos de alquiler u otros pagos», lamentó.
Otra de las principales dificultades que los migrantes encuentran es que, para hacer el proceso telemático por cuenta propia, se necesita un acceso cl@ve o firma digital, algo que solamente se puede conseguir teniendo un documento de identidad (DNI o NIE), precisamente lo que están solicitando con la regularización.
Por lo tanto, la única manera de hacerlo en línea es consiguiendo un abogado, un apoderado o recurriendo a ONG especializadas.
Los teléfonos de las ONG no paran de sonar y algunas, como Mujeres Pa’alante, buscan estos días a través de redes sociales voluntarios para hacer de intérprete en diferentes idiomas o para ayudar con la gestión de trámites.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), una de las ONG más reconocidas en su acompañamiento a migrantes, estaba esperando a la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado, que se produjo este miércoles, para saber a qué atenerse, explicó a EFE su director, Mauricio Valiente.
«Estamos aconsejando paciencia, un poco de prudencia, de asesorarse bien», precisó.
Dudas incuso en los consulados
Para resolver dudas sobre este proceso, las redes sociales son clave para muchos.
La mujer colombiana explicó que ella y su familia se guiaron «por todo lo que dicen los abogados por TikTok»: «Nos basamos en lo que dicen ellos y también por las redes sociales y las noticias».
En el consulado de Bolivia, las dudas las tienen los propios trabajadores.
Este consulado «no cuenta con la información oficial del Gobierno español sobre cuáles son los requisitos, por lo cual hay mucha desinformación», relató uno de sus trabajadores, quien pidió «obtener esta información para asesorar correctamente a las personas en dicho trámite».
Además, este trabajador se quejó de que la palabra de los abogados es «santa» y muchas veces entra en contradicción con la información que tiene el consulado.
«Esto genera tensiones y enojo en los solicitantes, que consideran que la embajada no ayuda», lamentó.
El permiso de residencia que se concederá en virtud de este proceso será de un año -cinco años en el caso de los menores de edad- y autorizará a la persona a vivir y trabajar en España por ese tiempo en cualquier sector, aunque no servirá a nivel europeo.
Se calcula que medio millón de migrantes en situación irregular se podrán beneficiar de este proceso.
EFE
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