La organización ecologista Greenpeace denunció este lunes que un sistema generalizado de fraudes permitió comercializar por vías legales 25,3 toneladas de oro extraídas de forma ilegal en la Amazonía brasileña entre 2018 y marzo de 2026.
Según el informe ‘Lavado de oro en la Amazonía: anatomía de un fraude’, divulgado por la organización y producto de varios meses de análisis de permisos de minería en Brasil, los fraudes les garantizaron a los mineros ilegales ganancias por unos 18.400 millones de reales (unos 3.300 millones de dólares al cambio actual).
Según Greenpeace, las irregularidades están relacionadas con el uso de los permisos de minería emitidos por la Agencia Nacional de Minería (ANM) para la explotación artesanal de minerales.
La organización alega que gran parte de esas licencias han sido utilizadas para dar apariencia de legalidad al oro extraído ilegalmente en territorios indígenas y áreas protegidas.
La investigación analizó 187 de estos permisos para actividades de minería artesanal en los estados amazónicos de Pará, Mato Grosso y Rondonia entre 2018 y marzo de 2026 e identificó irregularidades en 98 de los mismos, prácticamente la mitad.
Las 98 licencias con irregularidades permitieron a los responsables por las actividades comercializar legalmente 25,3 toneladas de oro en los ocho años analizados.
El estudio se basó en el cruce de datos de la Compensación Financiera por la Explotación de Recursos Minerales (CFEM), registros de la ANM, imágenes de satélite y sobrevuelos realizados por Greenpeace para verificar la actividad minera en las áreas autorizadas.
La organización identificó dos modalidades principales de fraude. La primera corresponde a las llamadas “minas fantasma”, áreas que declararon elevadas producciones de oro pese a que las imágenes mostraban bosques intactos o escasa actividad minera.
La segunda consiste en operaciones desarrolladas mediante múltiples permisos contiguos que, en la práctica, funcionan como una única explotación de escala industrial, lo que permite eludir controles ambientales más estrictos.
Uno de los casos citados en el informe corresponde a una concesión de apenas 1,08 hectáreas en Itaituba, municipio en el estado de Pará, que registró la comercialización de 777 kilos de oro entre 2018 y 2020. Sin embargo, según Greenpeace, las imágenes de satélite muestran que el área está preservada y sin señales de extracción minera.
El coordinador de la campaña de Pueblos Indígenas de Greenpeace Brasil, Danicley de Aguiar, afirmó que las fallas en la regulación y la fiscalización han permitido durante años la incorporación de oro ilegal al mercado nacional e internacional con apariencia de legalidad.
EFE
