El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se enfrenta a la posibilidad de no poder trabajar con la Administración durante diez años en el caso de que la investigación del caso Plus Ultra siga su curso y acabe en la apertura de un juicio contra él y una sentencia condenatoria.
Por Carmen Lucas-Torres | ABC
El expresidente del Gobierno está investigado en la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias, siendo este último el que pivota sobre el resto.
El Código Penal diferencia entre el tráfico de influencias cometido por funcionario público y el cometido entre particulares. En el caso del expresidente del Gobierno, la investigación que acaba de abrirse contra él por si cobró una comisión ilegal de casi medio millón de euros por utilizar sus contactos personales y con la Administración para conseguir un rescate para la aerolínea de capital venezolano se centra en el delito de tráfico de influencias previsto en el artículo 429 del Código Penal.
Éste último prevé castigar al «particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaleciéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad prevaleciéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero».
Fuentes jurídicas trasladan a ABC que ese es el tipo donde los investigadores encuadran la actividad del exsecretario general socialista investigada y que es al que tendría que enfrentarse, junto a los otros delitos que le imputa el magistrado instructor, en caso de llegar a juicio. Para el expresidente, éste es el delito más delicado que tendría que afrontar, puesto que contempla, además de una pena de prisión de hasta dos años, «la prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de seis a diez años».
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