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jueves 23 de abril 2026
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Régimen chavista prometió justicia «sin diferenciación» pese a mantener cientos de presos políticos

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La sucesora de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, instaló este jueves 23 de abril una comisión para conducir la llamada Gran Consulta sobre la Justicia Penal, con el fin de recoger propuestas sobre una nueva reforma del sistema judicial en medio de las constantes denuncias por la falta de independencia de los tribunales.

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Durante el acto en el Palacio de Miraflores, la nueva mandamás del régimen afirmó que este proceso busca atender una supuesta demanda de la población sobre el acceso a la justicia. “Vamos a consultar a los venezolanos y a las venezolanas sobre la reforma de la justicia penal. Es un pedido del Pueblo de Venezuela. Todo lo relacionado al acceso a la justicia debe ser oportuno, sin diferenciación y con imparcialidad”, manifestó Rodríguez en su alocución.

En este sentido, la cúpula chavista designó a Larry Devoe como secretario de esta instancia, bajo el argumento de su supuesta experiencia en materia de derechos humanos. Rodríguez aprovechó la oportunidad para mencionar que la Ley de Amnistía —ampliamente cuestionada por la oposición— se basa en un presunto reencuentro nacional, mientras el aparato de propaganda intenta suavizar la imagen de la gestión actual ante los ojos de quienes están en el extranjero.

Por su parte, la Rodríguez instó a los organismos de seguridad y al Poder Judicial a coordinarse para atender las «quejas cotidianas» de los ciudadanos. «Sin quejas cotidianas, son reclamos y aspiraciones del venezolano que aspiran a mantener una relación de respeto con sus organismos de seguridad ciudadana para el mantenimiento de la paz, para el mantenimiento de la tranquilidad, que aspiran ir a un tribunal y tener buen tratamiento», indicó.

Así mismo, admitió que la deuda con la justicia penal es «impostergable», aunque el régimen mantiene el control absoluto sobre los nombramientos de jueces y magistrados. La consulta pretende, según sus palabras, recoger un diagnóstico ciudadano, a pesar de que el sistema de justicia venezolano sigue siendo señalado por organismos internacionales como una herramienta de persecución política.

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