La administración de Donald Trump ha alcanzado un punto de inflexión en su política hacia el hemisferio occidental. Tras la intervención de enero de 2026, el mandatario ha proclamado un éxito financiero sin precedentes. El 16 de mayo de 2026, en una entrevista con Fox News, Trump afirmó eufórico:
“Hemos hecho una fortuna con su petróleo… y ellos han ganado más dinero en los últimos ocho meses que en los últimos diez años”.
Sin embargo, tras esta narrativa de éxito económico se esconde un dilema ético que el propio Trump convirtió en el eje de su carrera política: la transparencia en el manejo de recursos extranjeros y el conflicto de interés.
El antecedente: El “Estándar Ucraniano”
Para comprender la gravedad del escenario actual, es imperativo revisar las denuncias de Trump contra la familia Biden. En 2019, Trump sostuvo que la participación de Hunter Biden en la junta directiva de la energética ucraniana Burisma Holdings representaba un caso inaceptable de opacidad. En la transcripción oficial de su llamada con el presidente Zelensky, Trump enfatizó: “Biden anduvo alardeando de que detuvo la fiscalía… mucha gente quiere enterarse de eso”.
“Hizo una fortuna en Ucrania, en China, en Moscú y en varios otros lugares”, declaró posteriormente durante el primer debate presidencial de 2020 en referencia a Hunter Biden, acusándolo de lucrarse aprovechando la posición de su padre.
Aquel estándar —que exigía claridad absoluta sobre quién se beneficia de los recursos de una nación aliada— es el mismo que hoy debe aplicarse a la gestión del crudo venezolano bajo su propio mandato. La pregunta es inevitable: ¿Está Trump replicando en Caracas el modelo de opacidad que dejó al descubierto en Kiev?
La centralización de fondos y la “Caja Negra” del Tesoro
Bajo la estructura financiera consolidada en 2026, los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano no fluyen hacia las arcas de una administración local independiente, sino que se depositan directamente en cuentas custodiadas por el Tesoro de los Estados Unidos.
Aunque el manejo de estos fondos dentro de jurisdicción estadounidense permite un monitoreo técnico a la administración Trump, la crítica de opacidad persiste debido a un control discrecional alarmante:
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Discrecionalidad Ejecutiva: El Departamento de Estado posee la facultad de autorizar desembolsos para “fines diplomáticos o de seguridad” sin requerir una auditoría pública detallada del Congreso.
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Blindaje Legal: Esta estructura convierte a la “fortuna” mencionada por Trump en una herramienta hermética de poder político, protegida legalmente contra embargos de acreedores, pero también aislada del escrutinio ciudadano.
El círculo de los beneficiarios: ¿Drenar el pantano o cambiarlo de sitio?
La preocupación más profunda reside en la arquitectura de los nuevos beneficiarios. Bajo el esquema legal consolidado por la Licencia General 52 de la OFAC, la reconstrucción y reactivación de la infraestructura energética venezolana ha quedado supeditada a decisiones administrativas de circuito cerrado en Washington. Al eludir los mecanismos tradicionales de licitación pública internacional, la gestión de los activos y la comercialización del crudo proyectan tres alarmantes patrones de riesgo neomercantilista:
La privatización selectiva y la asignación “A Dedo”: La sustitución de procesos competitivos y abiertos por un régimen discrecional de licencias específicas emitidas por la OFAC ha institucionalizado la adjudicación directa. El ejemplo más pragmático ha sido la asignación preferencial de cargamentos a los gigantes globales de commodities Vitol y Trafigura. El hecho de que el acceso a terminales estratégicos como el Complejo José dependa del peso del cabildeo político y de conexiones de campaña —ilustrado por las millonarias donaciones de operadores vinculados a Vitol a los comités de acción política del mandatario— desplaza a los operadores tradicionales. Esta práctica adquiere un tinte de profunda contradicción ética si se considera que ambas firmas poseen un historial oscuro a lo interno de EE. UU., habiendo pagado multas multimillonarias al Departamento de Justicia (DOJ) tras declararse culpables de esquemas de sobornos en América Latina.
El blindaje confidencial de la seguridad: La delegación de la custodia física y la evaluación de riesgos en la infraestructura crítica ha sido otorgada a consorcios de seguridad privada integrados por asesores informales de la administración. Al operar bajo contratos amparados en la categoría de “Información de Seguridad Nacional Sensible”, estos desembolsos —ejecutados directamente desde las cuentas bloqueadas de PDVSA en EE. UU.— quedan sepultados en un vacío legal. Este mecanismo anula la rendición de cuentas pública, transformando la protección de activos en un feudo financiero inaccesible para la contraloría del Congreso.
El neomercantilismo de intermediación: El diseño normativo actual ha incentivado la proliferación de firmas de servicios logísticos e intermediación registradas apresuradamente en el paraíso corporativo de Delaware. Al carecer de activos reales o de un historial técnico previo en la compleja industria del crudo pesado, estas entidades actúan como vehículos de extracción de rentas. Capturan márgenes de ganancia sustanciales en el transporte y comercialización, funcionando como peajes políticos donde la cercanía al poder en Washington sustituye por completo a la eficiencia operativa que demandaría una verdadera reconstrucción sectorial.
La ilusión del auge: El espejismo de la “fortuna” venezolana
El núcleo de la narrativa de la administración Trump descansa sobre una audaz premisa económica: el retorno inmediato del dividendo petrolero. Al asegurar en Fox News que Venezuela ha generado “más dinero en los últimos ocho meses que en los últimos diez años”, el mandatario estadounidense apela a un optimismo contable que, si bien se sustenta en un repunte real de los flujos de exportación tras los eventos de enero de 2026, simplifica una realidad estructural mucho más opaca.
Las proyecciones del sector energético estiman que los ingresos petroleros del país podrían escalar significativamente, impulsados por el fin del descuento forzoso del crudo en mercados negros, el aumento de la producción, la inestabilidad geopolítica derivada del conflicto en Ormuz y el regreso de los diluyentes estadounidenses. Sin embargo, este flujo de petrodólares no representa una bonanza de libre disponibilidad para la reconstrucción nacional, sino un flujo rígidamente administrado bajo un doble muro de opacidad que anula cualquier principio de contraloría social:
El apagón de la rendición de cuentas bilateral: El aspecto más crítico de esta “fortuna” es la absoluta ausencia de transparencia pública sobre el destino de los recursos. Por un lado, la administración estadounidense y sus agencias gestionan los fondos bajo criterios de discrecionalidad ejecutiva, eludiendo la auditoría detallada del Congreso. Por el otro, la estructura de la administración del régimen en Caracas mantiene su histórica política de secretismo y cajas negras, omitiendo la publicación de presupuestos reales, balances auditados de PDVSA o informes de ejecución fiscal.
En un intento propagandístico, el régimen creó el portal Transparencia Soberana, una plataforma digital supuestamente diseñada para que la ciudadanía consulte el registro de entrada y la posterior ejecución de los recursos derivados de Petróleos de Venezuela; sin embargo, en la práctica, opera únicamente como propaganda inservible. El resultado es un consenso fáctico de opacidad: ni Washington ni el régimen rinden cuentas públicas de los recursos recibidos, dejando a la ciudadanía venezolana y estadounidense en un total ayuno informativo.
El mecanismo de la “asignación presupuestaria”: Lejos de ingresar a un banco central autónomo, los recursos se acumulan en cuentas bajo el control directo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el Tesoro de EE. UU. Para que se puedan autorizar desembolsos operativos o humanitarios, estos deben someterse a un proceso de revisión por parte de burócratas y auditores en Washington. Esta tutela financiera convierte el ingreso en una herramienta de coacción institucional y negociación a puerta cerrada, lejos del escrutinio público.
El compromiso de la renta futura: Gran parte de los fondos que hoy se computan como “ganancia” ya se encuentran precomprometidos para saldar reclamos de arbitraje internacional pendientes y deudas corporativas. Al priorizar el pago a acreedores y multinacionales que regresan al amparo de las nuevas flexibilizaciones fiscales, la “fortuna” proclamada por Trump funciona en la práctica como un fondo de liquidación de pasivos geopolíticos. El crudo fluye, los ingresos se registran en los balances, pero el beneficio social estructural sigue ausente en las calles de Venezuela, que no “baila de alegría en la calles” sino que padece un inflacion anualizada de 600%, cortes eléctricos que superan las 8 horas diarias y carencias sociales de todo tipo.
La oportunidad de oro de Donald Trump
El debate sobre el futuro energético venezolano ha alcanzado una dimensión institucional interesante ante los recientes reportes que señalan que un fondo de inversión vinculado a la familia Trump estaría interesado en participar en la reconstrucción del sector en el país.
Lejos de ser una crisis inevitable de conflicto de interés, este escenario representa una oportunidad de oro para que el mandatario estadounidense demuestre la coherencia de su visión y establezca un precedente histórico en la gobernanza global.
Si la administración Trump decide dar un paso al frente y transparentar radicalmente el proceso, la entrada de capitales vinculados a su entorno familiar podría canalizarse positivamente bajo tres dimensiones estratégicas:
Un nuevo estándar global de transparencia: Al someter cualquier inversión de su grupo familiar a auditorías internacionales abiertas, licitaciones públicas competitivas y supervisión independiente, Trump tiene la oportunidad de transformar la gestión del crudo venezolano en un modelo de referencia (benchmark) de transparencia corporativa. Un estándar de esta magnitud sería replicable en otras transacciones de mercados emergentes, sepultando de manera definitiva el “estándar de opacidad” que en su momento criticó en Ucrania.
Una señal de confianza para los mercados: La institucionalización de reglas claras, públicas y auditables enviaría un mensaje de ertidumbre a los agentes financieros internacionales. Las grandes corporaciones petroleras internacionales (IOC) y las firmas transnacionales de servicios de ingeniería encontrarían en Venezuela un marco de seguridad jurídica suficiente, estimulando una ola de inversiones legítimas de capital intensivo que aceleraría la estabilización de la producción del país.
El despeje de la duda ética: Someter los intereses comerciales de su entorno al escrutinio público más rigido disiparía cualquier sospecha de deshonestidad, tráfico de influencias o aprovechamiento neomercantilista al amparo del poder del Estado. En lugar de permitir que Venezuela sea señalada como el “Burisma” de su mandato, el presidente podría exhibir el rescate energético como un triunfo donde el beneficio económico privado se alinea perfectamente con la transparencia institucional y el interés estratégico de ambas naciones.
En última instancia, el destino de la reconstrucción energética venezolana no se decidirá en los balances de los gigantes del corretaje, ni en la discrecionalidad de las licencias de la OFAC, y mucho menos en el apetito de rendir cuentas del régimen venezolano, sino en la coherencia ética de la propia Casa Blanca. Si el mandatario estadounidense aspira a que su política en estas latitudes sea recordada como un hito de liberación económica y no como un ejercicio de captura corporativa, el camino es uno solo.
Ante la mirada atenta de los mercados internacionales, las IOC y una ciudadanía venezolana, estadounidense y latina en general que exigen cuentas claras, ha llegado el momento de que Donald Trump demuestre que sus principios de gobernanza no eran simple retórica de campaña; es la hora de, verdaderamente, put his money where his mouth is y sepultar el fantasma de la opacidad con un estándar de transparencia inquebrantable y replicable como ejemplo.
David Morán Bohórquez es ingeniero industrial. Miembro de la Comisión de Energía de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat de Venezuela y del Consejo Directivo de Cedice Libertad
