Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado este miércoles en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil española para recabar los expedientes disciplinarios abiertos a mandos que investigan al PSOE, según ha podido confirmar RTVE. La operación se enmarca en el caso Leire Díez que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y que también ha llevado a los agentes a acceder la sede del PSOE en Ferraz a primera hora de la mañana, para requerir información por los pagos vinculados a la exmilitante socialista.
Por RTVE.es
En la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, el teniente coronel Balas y sus agentes, por orden judicial, han tomado declaración a sus compañeros de Régimen Disciplinario que recibieron la orden de investigar a mandos del Cuerpo por la sospecha de que hubieran filtrado información de los casos José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y que tramitaron esas actuaciones disciplinarias. Sin embargo, según han asegurado fuentes de la investigación a RTVE, no se llegó a completar ninguno de estos expedientes. Únicamente se abrió una información reservada que acabó sin responsabilidad.
Asimismo, agentes de esta unidad han registrado los domicilios del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Milagro (Navarra) y del empresario Javier Pérez Dolset en Móstoles (Madrid), en el marco del mismo caso. Además de esta actuación, los agentes de la Unidad Central Operativa se han personado también en un domicilio de Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a Cerdán, a Zarrías y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por su presunta labor para desbaratar procedimientos judiciales. El magistrado les investiga en relación a presuntos pagos irregulares del PSOE a Leire Díez, según han informado fuentes jurídicas.
Pedraz ha ordenado a la UCO de la Guardia Civil que acuda a la sede del PSOE para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno, han informado las mismas fuentes.
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