La reciente entrada en vigor del nuevo esquema tarifario del transporte urbano, fijado en 140 bolívares e indexado a 0,25 dólares, ha desencadenado un rechazo generalizado entre los usuarios merideños.
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Habiendo consultado a varios ciudadanos que a diario utilizan el transporte público para ir a su lugar de trabajo o estudio, califican la medida como un golpe directo a su presupuesto familiar, argumentando que el ajuste no guarda relación con la realidad de los salarios actuales.
La implementación del incremento, oficializado tras las declaraciones de las autoridades ministeriales de transporte, establece un mecanismo de anclaje a la divisa estadounidense.
Aunque esta medida busca, según fuentes oficiales, garantizar la operatividad de las unidades, para el pasajero de a pie se traduce en una reducción drástica de su capacidad de compra.
En las paradas de autobuses, el sentir del ciudadano es de incertidumbre y descontento, los usuarios coinciden en que, ante la inestabilidad de sus ingresos, la continua devaluación y el alza a diario de la tasa de cambio oficial del dólar con relación al Bolívar como moneda oficial de circulación nacional pega al bolsillo.
“No se trata solo del monto, es el efecto cascada. Con un sueldo que no se mueve, cada vez se hace más cuesta arriba cubrir los gastos básicos. Este aumento nos obliga a sacrificar comida para poder trasladarnos”, manifestó Carlos López, un usuario que a diario utiliza al menos 4 unidades de transporte para movilizarse a su lugar de trabajo y retornar a su casa al finalizar la jornada, y quien además es residente de la zona norte de la ciudad y su trabajo se encuentra alejado del casco central.
Por otro lado, de acuerdo con la información emitida por el Ministerio del Transporte, el costo del pasaje se mantendrá fijo en 140 bolívares durante el bimestre junio-julio. A partir de agosto, la tarifa será objeto de una evaluación mensual, la cual determinará los ajustes necesarios basados en la fluctuación del dólar oficial.
Los usuarios merideños coinciden que esta política de “evaluación continua” es el punto que genera mayor tensión en la opinión pública local, ante el temor de que el transporte público pase a ser un servicio de lujo, inaccesible para la clase media baja que depende del sistema de transporte para su movilidad diaria, pues no cuenta con vehículos propios para trasladarse de un sitio a otro.
