La fotografía de María Corina Machado (MCM) en Panamá con todos los actores políticos de la Plataforma Unitaria que fueron desplazados precisamente por ella desde el 22 de octubre de 2023, no representa a la Venezuela que la misma fotografía pretende proyectar. Y a mi juicio es algo que a veces los liderazgos políticos olvidan: que ellos no se encuentran allí por ellos mismos, sino por lo que representaron en el momento cumbre de una elección ante los ojos de la gente que los eligió.
Dentro de esta lógica, MCM no ganó las primarias de 2023, sino que los partidos que ahora se fotografían con ella con su consentimiento, perdieron estrepitosamente frente al pueblo de Venezuela. La gente votó en contra de ellos. Y es importante recordar que eso fue exactamente lo que sucedió con Chávez en las elecciones de 1998: Chávez no ganó las elecciones de 1998 por quien era; las perdió el “status quo” político nacido en 1958 y que ahora se niega a renovarse.
Y no lo menciono para desestimar el liderazgo de MCM, sino para enfatizar que ella resultó ser la única figura política que quedó en pie después del desastre del interinato de Juan Guaidó, y que al medirse en primarias el resultado no podía ser otro que un 93% a su favor, que más bien debía –y aún debe– leerse como un 93% de rechazo a una clase política que fracasó.
Si MCM ha aceptado por razones políticas convivir ya oficialmente con quienes traicionaron las más hondas aspiraciones de libertad de los venezolanos, por más Manifiesto de Panamá que escriban, el peso de semejante fardo la arrastrará con ellos irremediablemente, con las consecuencias del previsible salto atrás político al que nos tiene acostumbrado el lamentable liderazgo opositor venezolano.
Porque parece que hay algo que los políticos deliberadamente olvidan: no son ellos quienes más han sufrido la destrucción de décadas de tiranía. El peso de la represión política de los últimos 27 años se ha manifestado mayoritariamente en contra de la sociedad civil venezolana. “Históricamente, menos del 15% de los presos políticos registrados en Venezuela en los últimos 27 años pertenecían formalmente a partidos políticos o eran líderes de la oposición organizada. La gran mayoría de los más de 19,000 arrestos por motivos políticos documentados en este periodo corresponden a ciudadanos comunes sin afiliación partidista, tales como manifestantes, líderes comunitarios, estudiantes, militares, trabajadores humanitarios y profesionales de diversos sectores” (ver Breve consulta Gemini sobre los presos políticos en Venezuela, https://share.google/aimode/
Entonces, es la población congregada en sociedad civil organizada la que deberá de alguna manera asumir su destino, no solo por la orfandad demostrada de conducción política verdadera, sino porque ha sido ella la que ha pagado los platos rotos de los errores de la conducción política. Hace más de una década definí un término que bien cuadra con la situación que vivimos cuando al parecer los venezolanos solo contamos con nosotros mismos para salir del atolladero en que nos encontramos: Oposición Civil.
“La Oposición Civil es la sociedad civil en su papel protagónico de los cambios, y su actuación en los asuntos públicos se manifiesta en su participación activa y contralora de los principales actores públicos. Siempre será opositora y les recordará permanentemente a esos actores que existe un país anónimo al que les afectan las decisiones y las políticas públicas que se apliquen a los ciudadanos. Son las personas de a pie que no militan en partidos, pero que son ciudadanos conscientes que viven y quieren a su país; ONG’s que tienen sus espacios civiles, personalidades generadoras de opinión sin vinculaciones ni rabos de paja, que están día a día aportando su granito de arena para que las cosas se hagan bien. De haber existido antes esa participación decidida, tal vez las cosas no hubieran llegado tan lejos y Chávez no existiría en la escena política venezolana” (ver Oposición Civil, en https://ticsddhh.blogspot.com/
Pero la sociedad civil venezolana enfrenta un problema fundamental: existe socialmente, moralmente y hasta constitucionalmente, pero no termina de consolidarse como sujeto político autónomo. Y mientras eso no ocurra, continuará siendo utilizada, fragmentada o absorbida por los mismos factores que condujeron al colapso institucional del país.
Durante años, diversos actores internacionales —particularmente desde los Estados Unidos— han insistido, como ahora ha hecho Marco Rubio como secretario de Estado de los EEUU, en la necesidad de que la sociedad civil venezolana se organice y asuma un rol más activo en la reconstrucción democrática.
Sin embargo, cada vez que la sociedad civil ha intentado estructurarse, los partidos políticos han terminado utilizándola como fuerza de apoyo electoral, reservándose para sí el monopolio de la representación y del poder. Ese es quizás el primer gran peligro: convertir a la sociedad civil en un instrumento subordinado de intereses partidistas.
La experiencia venezolana demuestra que la dirigencia política tradicional ha tolerado la sociedad civil mientras esta sirva como maquinaria de movilización, legitimación o presión internacional. Pero cuando esa sociedad civil intenta construir propuestas propias, mecanismos de representación autónomos o iniciativas soberanas, entonces comienza el proceso de descalificación, fragmentación o infiltración.
El problema central es que en Venezuela se secuestró el concepto mismo de representación. Los partidos asumieron que representar al ciudadano equivalía a sustituirlo políticamente. Pero la Constitución de 1999 introdujo un cambio trascendental: el pueblo puede ejercer directamente la soberanía, sin intermediación obligatoria de los poderes públicos o de los partidos.
Ese principio, contenido especialmente en los artículos 5 y 70 constitucionales, abrió la posibilidad de una participación directa de la sociedad organizada mediante consultas, asambleas ciudadanas, iniciativas constituyentes y mecanismos de participación vinculante. Sin embargo, esa posibilidad nunca fue desarrollada plenamente porque amenazaba tanto al régimen como al modelo tradicional de partidos.
Por eso la organización de la sociedad civil venezolana requiere comprender primero algo esencial: no puede estructurarse únicamente alrededor de eventos electorales. Cuando la sociedad civil se organiza solo para votar, termina dependiendo inevitablemente de quienes controlan las candidaturas, los recursos y las negociaciones políticas.
La sociedad civil debe construirse como una instancia permanente de control ciudadano, deliberación pública y ejercicio soberano, no como un apéndice temporal de campañas electorales. Se debe comprender que la lucha de la sociedad civil no es simplemente electoral, sino institucional y estructural. El problema venezolano no se limita a cambiar gobernantes; implica reconstruir las reglas de convivencia y los mecanismos de distribución del poder.
Por eso sectores de la sociedad civil, agrupados en la Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO, hemos planteado la necesidad de una salida constituyente auténticamente originaria, donde sea el soberano —el pueblo— quien redefina el pacto social de los venezolanos, planteando un proyecto de país, El Gran Cambio, para el cambio estructural de las relaciones de poder entre el Estado y sus ciudadanos y que va mucho más allá de la simpleza de un programa transitorio que aplique cualquier gobierno salido de un partido político (ver el proyecto de ANCO, El Gran Cambio, Propuesta para la Refundación de Venezuela, en https://ancoficial.blogspot.
La idea aquí es que la sociedad en su conjunto necesita redefinir las relaciones de poder entre los actores porque el actual Pacto Social se agotó hace más de 30 años, mucho antes de que llegara la desgracia que arruinó a Venezuela en 1998. De allí que no sea de extrañar la volatilidad perniciosa de los liderazgos, que nos vuelve permanentemente a colocar de nuevo al comienzo y que nos impide salir del hueco donde nos metieron.
También debe entenderse que la sociedad civil venezolana no es homogénea. Es un océano diverso, complejo y contradictorio. Allí conviven gremios, academias, iglesias, ONGs, estudiantes, empresarios, sindicatos, comunidades y movimientos regionales. Pretender uniformarla o asumir su “representación” sería repetir los mismos errores del modelo partidista tradicional. Todo ello sin contar que dentro de todo ese universo hay quienes usan el disfraz de sociedad civil para engañar a la población ocultando pretensiones de poder. Nadie está en contra de las legítimas aspiraciones de quien sea, lo que resulta intolerable es no manifestarlas directamente a través del canal natural de los partidos, ocultándose detrás del ropaje de independencia sin parcialidad que otorga la sociedad civil.
La fortaleza de la sociedad civil radica precisamente en su diversidad y descentralización. Pero esa diversidad exige coordinación estratégica. Y allí aparece otro desafío histórico: cómo articular una dirección colectiva sin caer nuevamente en caudillismos, hegemonías partidistas o estructuras verticales.
La experiencia venezolana demuestra que los vacíos de conducción terminan siendo llenados por los mismos actores responsables del fracaso previo. Y esto es, al parecer, lo que veremos a partir del espectáculo de Panamá. Es por eso que la sociedad civil necesita construir liderazgo ético, mecanismos de consenso y objetivos comunes mínimos: recuperación institucional, soberanía popular, descentralización, Estado de derecho y reconstrucción republicana.
La sociedad civil venezolana debe entender que enfrenta no solo a un régimen autoritario, sino también a una cultura política profundamente deformada por décadas de cooptación, clientelismo, centralismo y dependencia partidista. La reconstrucción democrática de Venezuela no ocurrirá únicamente cambiando gobernantes. Requiere construir ciudadanía. Y esa tarea no puede delegarse.
Si la sociedad civil sigue entregando completamente su representación a factores políticos sin control ciudadano efectivo, el país repetirá nuevamente el ciclo histórico de frustración, dependencia y colapso institucional.
La gran lección de estos años es clara: una sociedad civil organizada no puede limitarse a acompañar procesos políticos; debe convertirse en garante permanente de la soberanía ciudadana y contrapeso real del poder. Solo así Venezuela podrá reconstruir una República donde el ciudadano deje de ser espectador y vuelva a ser soberano.
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