Cómo el blanqueo venezolano llegó a España, atravesó el rescate de Plus Ultra y terminó implicando a un expresidente. Y por qué el ciudadano tiene que dejar de mirar hacia otro lado.
Hay una fecha que no debería olvidarse: el 27 de abril de 2021. Ese día publicamos un análisis sobre el rescate de Plus Ultra que muchos prefirieron ignorar. No porque los argumentos fueran débiles. Sino porque eran incómodos.
Dijimos entonces, con cifras en la mano, que una aerolínea que operaba el 0,03 % de los vuelos en España, con pérdidas acumuladas desde 2011, no cumplía los criterios de empresa estratégica que exigía el decreto regulador del fondo SEPI. Dijimos que los 53 millones de euros entregados por el Gobierno olían a algo más que a un rescate pandémico. Dijimos que las querellas ya interpuestas merecían atención urgente. Nadie nos llamó profetas. Nos llamaron alarmistas.
Hoy, la Audiencia Nacional ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Es la primera vez en cuarenta años de democracia española que un expresidente llega a esa condición procesal.
No es satisfacción lo que sentimos al escribir esto. Es indignación. Porque el daño ya está hecho. Porque el dinero ya salió. Porque los años pasaron.
DE DÓNDE VIENE EL DINERO. Y ADÓNDE FUE.
Para entender este caso hay que entender primero qué es lo que se investiga. No es solo una aerolínea que recibió una ayuda que no merecía. Es algo mucho más grave.
Según la Fiscalía Anticorrupción, los fondos blanqueados a través de Plus Ultra procedían de malversación cometida por funcionarios venezolanos: dinero desviado de los programas CLAP —las cajas de alimentos subsidiados con las que el régimen de Maduro alimentaba a millones de venezolanos en situación de pobreza— y de ventas irregulares de oro del Banco Central de Venezuela. Ese dinero, robado al pueblo venezolano, necesitaba ser lavado. Necesitaba una ruta para entrar en el sistema financiero legal. Y esa ruta, presuntamente, pasó por España.
El mecanismo era sofisticado. Sociedades vinculadas a la red firmaron contratos de préstamo ficticios con Plus Ultra. Cuando el Gobierno español entregó los 53 millones del rescate, la aerolínea devolvió esos préstamos a cuentas en el extranjero controladas por la organización. El dinero público español sirvió, presuntamente, para limpiar el dinero sucio venezolano. Una máquina de blanqueo construida sobre fondos de todos los contribuyentes.
Nos robaron dos veces. Una en Venezuela, con el hambre de su gente. Otra en España, con el dinero de
sus impuestos.
La geografía de esta red no tiene fronteras. Transparencia Venezuela documentó que
España es el segundo país del mundo con más bienes incautados vinculados a la corrupción chavista: 235 activos, solo por detrás de Estados Unidos. Propiedades en Madrid, Pozuelo, Tenerife, Mallorca. Inmuebles de lujo comprados con el dinero que debería haber llegado a familias venezolanas en forma de alimentos. El investigador principal de la UDEF en el caso Plus Ultra localizó a uno de los cerebros financieros de la operación con una inmobiliaria activa en una zona de lujo de Mallorca.
Eso no es una anécdota. Eso es una red que lleva años operando en suelo español, a la vista de quien quisiera mirar.
LA INTELIGENCIA QUE LLEGÓ TARDE. Y LA QUE NO LLEGÓ SOLA.
Cinco años tardó el sistema en llegar donde las pruebas ya señalaban desde el principio. Pero lo más revelador no es cuánto tardó. Es cómo llegó.
La investigación no se reactivó porque España buscara la verdad. Se reactivó porque
Francia y Suiza llamaron a la puerta: dos países que investigaban la misma red de blanqueo desde sus propias fronteras enviaron solicitudes de cooperación judicial a la Fiscalía Anticorrupción española. Sin esas llamadas, el caso seguiría archivado.
Luego llegó Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional —la HSI, la agencia que persigue el crimen financiero transnacional— confirmó públicamente su colaboración con la UDEF española. Aportaron datos extraídos del teléfono de Rodolfo Reyes Rojas, accionista venezolano de Plus Ultra, en los que aparece el nombre de Zapatero en conversaciones sobre influencias y ayudas públicas obtenidas. Además, el juez ha remitido ya una comisión rogatoria a Washington para solicitar información sobre posibles activos financieros en territorio estadounidense vinculados a los investigados.
Eso dibuja un caso que ya no es solo español. Es transatlántico. Y eso tiene una implicación directa: las redes de blanqueo que conectan Venezuela con España no son fenómenos aislados. Son parte de una infraestructura criminal que lleva décadas perfeccionando sus rutas, sus pantallas y sus cómplices. Una infraestructura que solo puede desarticularse con lo que más le teme: la cooperación internacional sostenida entre agencias de inteligencia financiera que compartan datos en tiempo real, sin esperar a que el daño sea irreversible.
Las mafias no respetan fronteras. La justicia, durante
demasiado tiempo, sí lo ha hecho.
España tiene herramientas: la UDEF, el SEPBLAC, la Fiscalía Anticorrupción. Lo que no ha tenido, hasta que la presión exterior forzó la mano, es la voluntad de usarlas de forma proactiva frente a redes que operan desde el poder. Eso tiene que cambiar. No después de cada escándalo. Antes del siguiente.
Porque ya en 2021 advertíamos sobre ello: sin una plataforma institucional de supervisión independiente, sin criterios técnicos parametrizados para la adjudicación de fondos públicos, sin canales reales de denuncia protegida, sin acceso universal a los datos de gasto en tiempo real, el sistema no detecta el fraude: lo facilita.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO AHORA.
El caso Plus Ultra llega a su momento más delicado. Zapatero declara el 2 de junio. El expediente es complejo, los plazos de prescripción acechan, y la presión política desde todos los flancos no tardará en hacerse sentir. España ha visto demasiadas veces ese desenlace: causas ruidosas que terminan en silencio, imputaciones que se evaporan, condenas que llegan cuando ya nadie recuerda el nombre del condenado.
La impunidad en este país no siempre se llama absolución. A veces se llama prescripción. A veces se llama dilación. A veces se llama falta de pruebas que nadie buscó con suficiente empeño.
Este caso no puede terminar así. No puede, porque el dinero era de todos. No puede, porque las conexiones con Venezuela no son un detalle menor: son el hilo que conecta la corrupción española con un modelo de destrucción institucional del que América Latina lleva décadas intentando escapar. No puede, porque si termina así, el mensaje que reciben quienes vendrán después es que merece la pena intentarlo.
La impunidad no es solo la ausencia de condena. Es la garantía de que habrá un próximo caso.
Por eso el papel del ciudadano en este momento no es el de espectador. Es el de fiscal sin toga. Es exigir que los organismos de control hagan su trabajo. Que la Fiscalía Anticorrupción tenga los recursos que necesita. Que el Tribunal de Cuentas audite sin que nadie le meta prisa ni le ponga frenos. Que los medios que siguen el caso puedan seguir haciéndolo sin presiones. Que ningún partido, de ningún signo, encuentre cómodo blindar a los suyos frente a la justicia.
Participar no significa ir a un juzgado. Significa estar informado y no conformarse con el primer titular. Significa recordar este caso cuando desaparezca de las portadas. Significa preguntar, en cada elección, qué han hecho los candidatos para que esto no se repita.
Porque la corrupción cuenta con eso exactamente: con el olvido. Con el cansancio. Con la sensación de que nada cambia y para qué molestarse.
Venezuela es el espejo de lo que ocurre cuando esa sensación gana. Cuando la corrupción se normaliza, cuando las instituciones se vacían por dentro, cuando la ciudadanía renuncia a creer que su voz importa. El resultado no es abstracto: es éxodo, es hambre, es la destrucción silenciosa de generaciones enteras. El dinero de los programas CLAP —el que supuestamente alimentaba a los más pobres— terminó, presuntamente, blanqueándose en Mallorca. Eso no es una metáfora. Es lo que dice el expediente judicial.
España tiene instituciones. Tiene jueces. Tiene una prensa que todavía puede preguntar. Tiene ciudadanos que todavía pueden exigir. Eso es una ventaja enorme.
Pero las ventajas no duran solas.
¡Ese es el desafío!
Rosana Sosa · Mayo de 2026
Publicación original: La Patilla, 27 de abril de 2021
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