Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y directora de Control Ciudadano, regresó a Venezuela y solicitó a las autoridades el cierre de la causa judicial en su contra.
José Manuel San Miguel, hermano de la activista, emitió un comunicado desde España en el que confirmó el retorno de Rocío a territorio venezolano, donde uno de sus objetivos es reencontrarse con parte de su familia.
“Esta decisión responde a su deseo de reencontrarse con su familia y acompañar personalmente el desarrollo y cierre de esta etapa, con la expectativa de que la situación jurídica pueda resolverse conforme a derecho y de manera definitiva”, detalla el comunicado.
El documento destaca que Rocío San Miguel aún está bajo algunas medidas cautelares como la prohibición a dar declaraciones a los medios de comunicación o hacer pronunciamientos públicos.
“También agradecemos el respeto a la privacidad, serenidad y estabilidad familiar necesarias para transitar esta etapa con prudencia y responsabilidad”, añade el comunicado.
El caso de Rocío San Miguel
San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (La Guaira), cuando se disponía a salir del país. A la activista se la acusó de supuestamente conspirar para atentar contra el presidente Nicolás Maduro y bases militares.
Su captura estuvo marcada por la incomunicación y lo que defensores de derechos humanos catalogaron como una desaparición forzada temporal. Inicialmente también detuvieron a su hija y a otros cuatro familiares.
Pasó casi dos años recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, Caracas. Durante su detención sufrió una caída y, en consecuencia, la fractura de su hombro derecho.
Su defensa denunció la falta de atención médica oportuna y la negación de ser intervenida por médicos de su confianza.
En enero de 2026, fue excarcelada en medio de un proceso de liberación de presos políticos que involucró mediaciones diplomáticas. En el caso de San Miguel, se documentó la mediación de la Embajada de España en Caracas, debido a que la activista tiene también nacionalidad española.
Tras su salida de prisión, se reunió brevemente con sus familiares en la Embajada de España y posteriormente tomó un vuelo rumbo a Madrid junto con un grupo de presos políticos españoles.
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