Cuatro meses después del 3 de enero, el proceso político venezolano comienza a definirse con mayor claridad. El país no está inmerso en una transición democrática, sino que avanza hacia la normalización económica sin condiciones políticas significativas, una estrategia que el gobierno de Delcy Rodríguez está llevando a cabo con notable disciplina táctica.
La secuencia de los acontecimientos recientes sugiere un plan coherente más que improvisación: un nuevo acuerdo con Chevron en la Faja del Orinoco; las licencias generales 56 y 57 de la OFAC; el registro de Rodríguez como candidato presidencial bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) de EE. UU .; la derogación unilateral de la Ley de Amnistía mientras 473 presos políticos permanecen detenidos; y la toma del poder del llamado Poder Ciudadano mediante el nombramiento de sus aliados Larry Devoe como fiscal general y Eglée González Lobato como defensora del pueblo. Estas acciones apuntan a un esfuerzo no solo por gobernar, sino por consolidar el poder bajo nuevas condiciones.
Ha habido cierta resistencia. Las reuniones europeas de María Corina Machado —que incluyeron encuentros en Francia, los Países Bajos, Portugal y España— confirmaron que la oposición aún conserva un importante apoyo internacional. La recepción que Michael Kozak, subsecretario interino de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, ofreció el 22 de abril en Washington a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, demuestra que la administración Trump sigue recibiendo a figuras de la oposición a pesar de su buena relación con Rodríguez. Figuera fue una figura legislativa clave que ayudó al presidente interino Juan Guaidó a intentar derrocar al exdictador Nicolás Maduro.
Pero ninguno de estos esfuerzos altera la variable central: si la normalización económica estará ligada a condiciones políticas significativas. Hasta ahora, no lo ha estado.
Los líderes europeos siguen hablando de una «transición democrática pacífica». Kozak se refirió a una «transición estable, ordenada y consolidada». Sin embargo, estas fórmulas no son más que mera retórica diplomática, no criterios vinculantes. El levantamiento de las sanciones y la apertura económica no se han vinculado claramente a logros electorales verificables, reformas institucionales ni a la liberación de los presos políticos que aún permanecen en el poder.
Esa ambigüedad podría estar jugando a favor de Rodríguez.
Un nuevo encargado de negocios
El nombramiento de John Barrett como encargado de negocios de Estados Unidos, en sustitución de Laura Dogu, y su declaración a su llegada a Caracas de que continuaría implementando el plan de tres fases de la administración Trump —estabilización, recuperación y transición— ofrece un marco útil. El problema es que la tercera fase sigue sin estar definida.
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que las elecciones se celebrarían «durante la administración Trump», dando a entender que podrían tener lugar en cualquier momento antes de enero de 2029. También sugirió que su organización requeriría al menos nueve o diez meses una vez que se inicie un esfuerzo coordinado. En el mejor de los casos, esto situaría las elecciones a mediados de 2027, después de las elecciones de mitad de mandato estadounidenses de noviembre.
Para entonces, el equilibrio político interno de Washington podría haber cambiado significativamente. Lo mismo podría ocurrir con la prioridad que le asigne a Venezuela.
Esta es la variable que la oposición tiende a subestimar: el tiempo favorece al gobierno. Cada semana que avanza la normalización económica sin condiciones políticas, Rodríguez se fortalece y la influencia de Washington disminuye.
Los recientes nombramientos en Citizen Power ilustran este punto. Devoe dedicó años a defender al Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. González Lobato fue promovido por un sector de la llamada “oposición no radical”.
Su instalación cumple dos propósitos. Primero, ayuda a proteger a la coalición gobernante actual de una futura transición electoral. Un fiscal general leal reduce la probabilidad de que cualquier investigación llegue a la estructura de poder saliente. Segundo, y más importante, otorga al gobierno influencia sobre las consecuencias de cualquier transición negociada. Si se produce un cambio, instituciones como la fiscalía general y el defensor del pueblo determinarán quién es investigado, qué bienes se recuperan y cómo se exige rendición de cuentas.
Presos políticos
La misma lógica se aplica a la Ley de Amnistía. Rodríguez la declaró terminada el 23 de abril, a pesar de que la ley no contiene ninguna cláusula de vencimiento. La medida ya había cumplido su propósito inicial: 8.616 liberaciones, aunque Foro Penal afirma que solo 186 eran verdaderos presos políticos. Ponerle fin ahora preserva la influencia que aún conserva el gobierno y les indica a los opositores que la represión selectiva sigue estando disponible.
Rodríguez también parece estar convirtiendo cada paso de la normalización económica en un paso hacia su propia normalización política sin Maduro.
Su inscripción en el registro FARA como candidata presidencial formaliza ante Estados Unidos lo que ya se infería: no se trata de una medida temporal, sino que está construyendo una plataforma electoral y buscando el reconocimiento estadounidense.
Al mismo tiempo, el cálculo interno del régimen sigue favoreciendo la represión institucionalizada selectiva siempre que los costos externos sean bajos. Informes de abusos en la prisión de El Rodeo I, reiteradas demoras en las audiencias de la adolescente Samantha Hernández, quien tenía 16 años al momento de su detención por oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). La detención fue denunciada por organizaciones de derechos humanos como arbitraria, y su aparente propósito era forzar la entrega de su hermano, un oficial militar exiliado y figura de la oposición. El caso fue citado por el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, durante la presentación del Premio Nobel de la Paz 2025.
El mayor riesgo
Casos como este y la detención continuada de prisioneros militares excluidos de la amnistía sugieren una estrategia de Washington para poner a prueba los límites paso a paso.
El mayor riesgo, entonces, no es simplemente la ausencia de una transición, sino la simulación de la misma.
Eso podría significar unas elecciones no competitivas en 2027, con Rodríguez ya normalizado internacionalmente, la fiscalía y el defensor del pueblo alineados con el gobierno, el calendario electoral impuesto unilateralmente y con la presión internacional agotada por las concesiones económicas anteriores.
Tal resultado equivaldría a una normalización sin una transición genuina.
Para evitar este escenario, es necesario vincular las concesiones económicas a objetivos políticos medibles. Se requieren tres medidas urgentes: condicionar el levantamiento de futuras sanciones al nombramiento de una autoridad electoral independiente y a la liberación total de los presos políticos; aprovechar la llegada de Barrett a Caracas para establecer condiciones públicas claras para un mayor diálogo; y cuestionar formalmente el cierre unilateral de la Ley de Amnistía antes de que se pierda esta oportunidad de ejercer presión.
Rodríguez aún podría fracasar. Pero por ahora, parece comprender algo que sus oponentes y homólogos extranjeros suelen pasar por alto: en Venezuela, el proceso de transición se moldea menos por discursos que por la secuencia de eventos. Hasta el momento, la está secuenciando correctamente.
