El Ministerio Público finalmente confirmó este lunes 2 de junio que el preso político Víctor Hugo Quero Navas murió bajo custodia del Estado venezolano hace aproximadamente entre 10 meses y un año. Sin embargo, el comunicado oficial evitó responsabilizar a funcionarios, autoridades penitenciarias o miembros de la cadena de mando por el ocultamiento de su fallecimiento durante todo ese tiempo.
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Según la versión presentada por la Fiscalía chavista, Quero murió por un “tromboembolismo pulmonar” y las experticias forenses “no evidenciaron lesiones traumáticas” en el cadáver. El organismo también informó que la identificación genética confirmó con 99,496% de probabilidad que los restos exhumados pertenecían al hijo de Carmen Teresa Navas.
El problema es que el comunicado responde apenas una parte del escándalo y deja intacta la pregunta más grave: ¿quién decidió ocultar durante casi un año la muerte de un preso político mientras su madre recorría cárceles, tribunales y organismos oficiales buscándolo desesperadamente?
Durante meses, distintas instituciones del propio régimen aseguraron que Quero seguía vivo y recluido en Rodeo I. Incluso, en octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo confirmó formalmente a Carmen Navas que su hijo permanecía detenido en ese penal, pese a que ahora la Fiscalía asegura que ya había fallecido meses antes.
El comunicado tampoco explica por qué el sistema judicial siguió procesando el caso de Quero después de muerto, ni por qué un tribunal llegó a negarle una solicitud de amnistía en mayo de 2026 cuando —según la propia versión oficial— el hombre ya llevaba meses enterrado.
