Los miembros de las fuerzas armadas de EE.UU. pronto podrían tener prohibido usar mercados de predicción para apostar sobre acontecimientos globales si un proyecto de ley preliminar de política de defensa es aprobado por el Congreso y se convierte en ley. La propuesta surge tras un caso de alto perfil en el que se acusa a un soldado de fuerzas especiales de EE.UU. de usar información clasificada para realizar apuestas vinculadas a la captura de Nicolás Maduro.
Por CNN
El texto del proyecto de ley preliminar, publicado la semana pasada por la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, incluye el requisito de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, emita regulaciones que prohíban a los miembros de las fuerzas armadas y a los empleados civiles del Pentágono operar en mercados de predicción cuando la persona tenga “información no pública” relevante o “pueda razonablemente obtener” dicha información. La disposición también exigiría que Hegseth desarrolle una “gama de sanciones” por violar la norma.
Los mercados de predicción como Kalshi y Polymarket han explotado en popularidad durante el último año. Se los trata como futuros de materias primas y están regulados por el Gobierno federal, pero muchos legisladores y funcionarios estatales dicen que las normas no se han puesto al día con las realidades de una industria que crece a pasos agigantados.
Bajo la ley federal vigente, los sitios de predicción para usuarios con sede en EE.UU. no tienen permitido ofrecer mercados sobre la guerra. Pero Polymarket tiene un popular sitio offshore, al que los estadounidenses pueden acceder fácilmente con una red privada virtual, con decenas de mercados relacionados con la guerra disponibles para operar.
Las operaciones vinculadas con Maduro llevaron en abril al primer procesamiento federal conocido por presunto uso de información privilegiada en mercados de predicción, y se alega que el soldado ganó US$ 400.000 en Polymarket. El soldado se declaró inocente, y Polymarket emitió un comunicado en el que dijo que había “remitido el asunto al DOJ” después de que la plataforma “identificara a un usuario operando con información gubernamental clasificada”.
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