Jeffrey Arguedas (EFE)
Iván Olivares es periodista nicaragüense y, como tal, tuvo que abandonar su país para evitar la cárcel o la tortura por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Como otros miles de perseguidos, cruzó la frontera hacia Costa Rica el 23 de julio de 2021 y una semana después ya era solicitante de refugio, esperanzado en un estatus legal que le hiciera sentirse protegido. Sin embargo, el tiempo pasó y casi cinco años después sigue a la espera de una respuesta, al igual que decenas de miles de migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela e incluso de Colombia. Estaba ya acostumbrado a ser “solicitante” y no “refugiado”, más aún por las posiciones restrictivas del Gobierno de Rodrigo Chaves entre 2022 y 2026, pero una puerta sorpresiva se abre ahora para él y miles de extranjeros que llegaron huyendo de sus países al hasta ahora oasis centroamericano.
Por: El País
Después de señales dudosas y de lamentos por la falta de recursos internos para atender la inmigración, el Gobierno ha anunciado esta semana una categoría especial para absorber a esa población a la que ha sido incapaz de dar respuesta de manera oportuna. “Son 10.480 personas aproximadamente”, respondió la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) el mismo lunes sobre la posible población beneficiaria, aunque son 318.000 las personas que esperaban una resolución al inicio de 2026. Solo en 2025 hubo casi 29.000 nuevos solicitantes de refugio nicaragüenses, cubanos, venezolanos y colombianos, según el registro del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en este país de solo 5,2 millones de habitantes.
“Es un reconocimiento por parte del Gobierno de la profunda mora que tiene el sistema de refugio, las dificultades para la pronta y eficaz resolución de los casos, y la irregularidad estructural de miles de personas que están en esa condición porque el sistema no ha logrado responder adecuadamente”, responde Adam Álvarez-Calderón, director del SJM, quien calificó la medida como oportuna y necesaria, aunque también sorprendente.
“Toma por sorpresa porque no se tenía conocimiento de que estuvieran avanzando en una medida de este tipo. El Gobierno, en los cuatro años anteriores, ha dado señales contradictorias: un discurso de ‘puertas abiertas’ y ‘respeto’ de la normativa ante foros internacionales, pero una reducción de recursos a instituciones como Migración y al sistema de protección en general, e incluso mensajes de rechazo a la migración”, añadió Álvarez-Calderón. Se refiere a decretos restrictivos, quejas por la marea migratoria, gestos amistosos con el Gobierno de Nicaragua e incluso una declaración de emergencia nacional en septiembre de 2023.
Ahora, sin embargo, opera un factor determinante: las políticas migratorias restrictivas de Donald Trump en la Casa Blanca. La pregunta es cómo incide esto en las posiciones de cada país de la región, y hasta ahora hay dos hechos claros en Costa Rica. El primero es la recepción de grupos de migrantes de terceros países deportados desde Estados Unidos (“amor con amor se paga”, justificó en 2025 sobre la relación con Washington el entonces presidente Rodrigo Chaves, actual superministro en el Gobierno de su heredera, Laura Fernández). El segundo es justamente el anuncio publicado este lunes por las autoridades costarricenses, basado en una resolución que admite el problema: “un gran porcentaje de la población se encuentra en una situación de irregularidad, incertidumbre y vulnerabilidad”.
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