La mayoría de los analistas de la situación de Venezuela coinciden en la importancia de rescatar las instituciones para asegurar la transición a la democracia. En entregas anteriores hemos examinado aspectos de esta problemática, basándonos en la definición de las instituciones que hace el premio Nobel de Economía, Douglass North, como las reglas de juego con que se dota una sociedad para gobernarse. En procesos de transformación política y social como los actuales, estas reglas pueden desdibujarse ante la pugna de distintas fuerzas que luchan por controlar el poder. Son momentos en que se visibiliza más claramente que, al lado de la constitución, las leyes y demás normas formales que regulan el quehacer de una colectividad incide, también, una institucionalidad informal enraizada en hábitos, valores y tradiciones, elementos de una herencia cultural persistentemente terca. Nos señala que, en última instancia, el funcionamiento de las instituciones depende de personas concretas cuya conducta está condicionada por los valores, costumbres y preferencias predominantes.
En su conocido libro, Cómo mueran las democracias, los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, de la Universidad de Harvard concluyen que la robustez de las instituciones que salvaguardan democracias sólidas como supone ser la estadounidense, descansa, finalmente, en los compromisos de quienes comparten el poder por regirse por reglas de conducta aceptadas. La polarización del populismo inventa enemigos para desafíar tales compromisos y labrarse un ejercicio personalista del poder, sin contrapesos. La reiterada disposición del presidente Trump por despreciar reglas que antes definían el juego democrático de su país, sin duda preocupa.
En democracia, la consulta obligada a la voluntad popular debe redundar en un marco institucional que recoja valores, aspiraciones y preferencias de sus habitantes. Sin entrar en detalles, podría afirmarse que la constitución de Venezuela responde a ese requerimiento, salvo en pocos preceptos. En materia económica, por ejemplo, la CRBV establece previsiones para evitar la inflación: autonomía del Banco Central de Venezuela para instrumentar sus políticas, un fondo de estabilización macroeconómica para nivelar el gasto, un ejercicio fiscal equilibrado en un marco plurianual y la coordinación de las políticas fiscal y monetaria para crecer con estabilidad de precios, entre otras cosas. En cuanto a derechos humanos, civiles, políticos y sociales, su Título III incorpora disposiciones avanzadas de contenido liberal. Los fundamentos republicanos del equilibrio y autonomía de poderes, la delimitación de sus atribuciones respectivas y la especificación de los requisitos de quienes deben cumplir con esas responsabilidades, parecen suficientes para asegurar el ejercicio de la soberanía popular, así como el carácter democrático, participativo, electivo, alternativo y descentralizado del gobierno. ¿Por qué, entonces, la tragedia acaecida en el país a lo largo de los últimos 27 años?
Obviamente, la razón está en la indisposición de quienes han ocupado el poder durante esos años por respetar esa institucionalidad, no obstante haberla aprobado como base de la “refundación de la patria” que, en su momento, anunciaron como su razón política. Representa una incongruencia porque la CRBV no rompió con el orden anterior, salvo en ciertos hitos que refuerzan el centralismo (supresión del Senado) y la reserva rentista al Estado de la explotación petrolera. Pero, el propósito de Chávez y los suyos era sustituir ese orden por uno personalista, sin contrapesos limitantes, para hacer avanzar su “revolución bolivariana”. Su narrativa se afianzó en dos valores de la Venezuela del siglo XX: el culto a Bolívar (“hombre fuerte”) y el rentismo. Al proyectarse como segundo Libertador y disponer de cuantiosos recursos provistos por PdVSA, Chávez legitimó ante sus seguidores –mayoritarios en ese momento–, el desmontaje de las instituciones de la democracia. Su “socialismo del siglo XXI” consistió en el reparto directo de la renta petrolera a través de las misiones que creó y las oportunidades de “negocio” que abrió al violentar los preceptos que resguardaban la res pública contra corruptelas.
Es probable que muchos hayan creído, realmente, la prédica redentora de Chávez, afianzada siempre en arremeter contra “enemigos”, internos y externos, que habían “traicionado a Bolívar”. Pero, al demoler lo que Levitsky y Ziblatt llaman los “guardarraíles” –el entramado de acuerdos implícitos que acotan las posibilidades de abuso del ejecutivo– y reemplazarlos por la premiación de la lealtad hacia el régimen, el usufructo de la renta petrolera devino, crecientemente, en la depredación de un botín por parte de sus partidarios. Por “revolucionarios”. En resumen, en un ambiente opaco en el que no se rendían cuentas, el discurso redentor se convirtió en pretexto para un régimen de expoliación de un populismo fascistoide, cada vez más represivo. Durante los primeros años, al escudarse detrás de consignas antiimperialistas y de manoseados clichés de la mitología comunista, el chavismo contó con simpatía entre corrientes de pensamiento “progresista”. Se excusaron sus atropellos. Peor aún, abrió la puerta a la entrega de la nación a la gerontocracia cubana. Tuteló la implantación de un verdadero Estado de terror para sostener en el poder a su agente, Nicolás Maduro. La prédica redentora se esfumó, como quedó claramente expuesta con su contundente derrota en las elecciones del 28J 2024.
Su abuso descarado y cruel del poder desnudó una corporación criminal, enseñoreada del país gracias a una madeja de complicidades, en la cual destaca la corrupta jerarquía militar Cínicamente, torcieron la interpretación del ordenamiento legal para violar su esencia, amparados en un poder judicial abyecto y un fiscal de mente enfermiza. Desapareció todo compromiso por respetar el Estado de derecho consagrado en “su” constitución. Como Hitler en la Alemania nazi, el chavismo no vió necesario cambiar la constitución, habiendo conquistado la anuencia de los factores de poder a través de sus prácticas populistas y la proliferación de corruptelas a cambio de lealtad. El problema ahora es que, preso Maduro y sometido el interinato chavista a la vigilancia de la presidencia de EE. UU., su discurso se ve obligado a hacer volteretas para legitimarse ante sus nuevos jefes y, más aún, a respaldarlo con hechos, supeditando la explotación de nuestro petróleo y recursos minerales a intereses de ese país. Los reacomodos en el gobierno del Rodrigato evidencian la dificultad de equilibrar tales exigencias con los intereses creados por esa corporación criminal cuyas piezas, en buena medida, continúan ahí.
Por ende, la dinámica del poder no puede dejar de responder a las reglas de juego labradas a lo largo de los años para afianzar un régimen de expoliación que se ampara en el terrorismo de Estado. Son elementos de una institucionalidad informal que se atrincheró en el manejo del poder, gracias al tejido de complicidades, inmunidades y lealtades mafiosas que el protectorado gringo, lejos de desplazar, felicita porque asegura “estabilidad” para poder aprovechar el crudo venezolano. Pero, lejos de fundamentarse legítimamente en el apoyo popular, esa “estabilidad” sigue residiendo en el ejercicio del terror, o en su amenaza. El caso de Víctor Quero Navas, secuestrado por el régimen a principios de 2025 y la burla cruel y vil de engañar a su señora madre de 81 años sobre su paradero, hasta que se descubrió que murió en custodia hace diez meses, y la aplicación discrecional de una ley de amnistía sesgada y la mención “chistosa” de Jorge Rodríguez acerca de los presos de opinión, revelan que los reflejos condicionados del fascismo chavista se activan con suma facilidad. La “extracción” de Maduro no les trasplantó el cerebro ni el corazón. ¿Condenarán a los esbirros involucrados en la desaparición y muerte de Quero Navas? Una prueba que Delcy no puede soslayar si quiere legitimarse.
En fin, la conclusión no puede ser otra que, de no desplazarse a quienes aún dominan las palancas del Estado, persisten “reglas de juego” informales contrarias al rescate del marco institucional que requiere la democracia. No basta el tutelaje gringo. Uno se pregunta si está en su interés. La inmensa mayoría de los venezolanos no están “bailando de alegría” por unos ingresos petroleros que no les llegan. Sólo su empoderamiento político efectivo permitirá generar las seguridades requeridas para desatar su confianza, iniciativa y esfuerzos por contribuir a la construcción de un régimen estable, democrático. Y ello requiere, cuanto antes, elecciones transparentes, creíbles, bajo supervisión internacional, con un registro que incorpore a la diáspora y a los jóvenes, y en ejercicio pleno de derechos civiles y políticos, sin presos políticos, y amparada por una completa libertad de los medios de comunicación.
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com
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