La organización no gubernamental (ONG) Foro Penal contabilizó 473 presos políticos en Venezuela, entre ellos 43 extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad, tras dos meses de la promulgación de la Ley de Amnistía.
En un reporte publicado el 21 de abril en su cuenta de Instagram, Foro Penal detalló que de los 473 presos políticos registrados, 427 son hombres y 46 mujeres.
En esta cifra se incluyen 187 militares, así como un adolescente, y del total de casos, dos de las personas se encuentran en paradero desconocido.
Asimismo, la ONG indicó que 309 presos políticos están encarcelados sin condena, mientras que 164 ya fueron condenados por tribunales.
De acuerdo con los registros de Foro Penal, desde 2014 se han documentado 19.087 detenciones políticas en Venezuela, mientras que más de 11.000 personas se mantienen con medidas cautelares que restringen su libertad, como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales.
Señalamientos por la Ley de Amnistía
La organización señaló que este reporte actualizado fue enviado a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Además, Foro Penal ha denunciado que la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, se ha convertido en un embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos.
En el contexto de esa legislación, las autoridades han reportado más de 8.000 personas amnistiadas, de las cuales la gran mayoría tenía medidas restrictivas de libertad.
No obstante, aún no han publicado un listado con las identidades de los beneficiados, pese a la petición pública del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
Recientemente, un grupo de ex presos políticos denunció ante el personal en Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) retrasos y negaciones a solicitudes de la amnistía.
El periodista y activista Carlos Julio Rojas, quien estuvo detenido desde 2024 y fue excarcelado en enero, indicó que sostuvo una reunión “muy productiva” con el personal de la ONU, durante la que él y otros compañeros describieron “una situación muy grave” relacionada, principalmente, con la Ley de Amnistía.
Rojas dijo a la prensa que la aplicación de la normativa “se ha hecho con una selectividad perversa” y que se desconoce “por qué la aprueban o por qué no”.
“Mi caso y el de muchos están engavetados. Tengo más de un mes que solicité la amnistía y lo que me dicen directamente en el tribunal es que están esperando órdenes de arriba”, señaló.
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