Familiares de privados de libertad por motivos políticos, activistas de derechos humanos y ciudadanos civiles realizaron una marcha silenciosa el 20 de mayo desde Plaza Venezuela, con el objetivo de consignar un documento de protesta ante la sede del Ministerio para el Servicio Penitenciario, ubicada en El Rosal.
De acuerdo con los reportes en redes sociales, la manifestación, organizada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) avanzó por Sabana Grande para denunciar la responsabilidad institucional de las autoridades carcelarias en las muertes registradas en los centros de reclusión del país.
De igual forma, en la convocatoria de la organización no gubernamental (ONG) se resaltó que la marcha tenía como objetivo pedir reformas estructurales en los centros de detención y la protección efectiva de la vida de las personas recluidas.
Durante el despliegue de la actividad, los participantes caminaron con sus bocas cubiertas como un acto simbólico de protesta frente a las restricciones de expresión y la opacidad gubernamental que rodea la situación de los centros penitenciarios.
Al alcanzar la zona fronteriza entre los municipios Libertador y Chacao, comisiones de los cuerpos de seguridad del Estado intentaron impedir la continuidad y el avance de la manifestación pacífica.
Ante la restricción oficial, el representante de la organización Clippve, Diego Casanova, dialogó con los funcionarios actuantes y ratificó la determinación de los familiares de mantener el itinerario previsto, por lo que desviaron el flujo de la marcha a través del bulevar de Sabana Grande para continuar el trayecto hacia el punto de destino en El Rosal.
Homenaje frente a la sede del Sebin
En el desarrollo de la movilización, los manifestantes realizaron una parada en las adyacencias de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en Plaza Venezuela.
En este punto, los ciudadanos detuvieron su marcha y rindieron un minuto de silencio en honor a la memoria del concejal Fernando Albán y del general Raúl Isaías Baduel, ambos fallecidos en años anteriores mientras permanecían bajo la custodia directa de los organismos de seguridad del Estado.
La concentración en este perímetro contó además con el acompañamiento de dirigentes políticos y expresos políticos, entre ellos Freddy Superlano, quien respaldó los reclamos de las madres y cónyuges que denunciaban la precariedad de los servicios médicos dentro de los reclusorios.
Otra de las motivaciones de la convocatoria de Clippve respondió al agravamiento de la crisis interna en los internados judiciales y centros de detención preventiva, que se evidenció de forma reciente en el caso de la muerte de Víctor Hugo Quero bajo custodia del Estado.
Su madre, Carmen Navas, murió el 17 de mayo tras protagonizar una intensa lucha por conocer el paradero de su hijo.
Navas, de 82 años de edad, dedicó los últimos 16 meses de su vida a recorrer ministerios, tribunales y centros de reclusión. La trágica noticia de su deceso ocurre apenas poco después de que las autoridades del gobierno nacional admitieran de forma tardía el fallecimiento de su hijo bajo la custodia de las autoridades.
Exigencias a las autoridades de los manifestantes
Los activistas y familiares solicitaron la remoción inmediata del actual ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, al argumentar que la recurrencia de muertes en centros de reclusión demuestra una omisión en el deber constitucional de garantizar la integridad física de las personas sujetas a la tutela del Estado.
Asimismo, los manifestantes exigieron una rendición de cuentas pública, transparente y auditable sobre el presupuesto destinado a la alimentación y salud de la población penal.
“El servicio penitenciario tiene que responder”, expresó en un video compartido por Clippve uno de los manifestantes en la movilización.
La jornada de movilización se enfocó en un llamado general a la comunidad internacional y a las relatorías especializadas en derechos humanos para que incrementen el monitoreo sobre el sistema judicial venezolano.
Los representantes de Clippve advirtieron que la marcha silenciosa constituye el inicio de un ciclo de movilizaciones pacíficas destinadas a visibilizar que las muertes bajo custodia representan una violación flagrante al derecho a la vida, el cual debe ser preservado sin distinciones políticas ni procesales en todo el país.
Otras denuncias
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertó el 13 de mayo que al menos 16 personas privadas de libertad murieron bajo custodia del Estado venezolano entre abril y los primeros días de mayo de 2026, en medio de denuncias sobre el deterioro de las condiciones penitenciarias en el país.
La organización informó que el caso más reciente corresponde a Gregorio Antonio Arias, quien se encontraba recluido en la Comunidad Penitenciaria de Coro, estado Falcón.
Según el OVP, desde abril se han reportado muertes en centros de reclusión como el Rodeo III, Rodeo IV, Uribana, Tocuyito, El Marite, Fénix Lara, Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, calabozos de la Policía Municipal de Anaco y Yare II.
Sobre el caso de los muertos en Yare II, las autoridades manejaron la hipótesis de un presunto motín, sin embargo, familiares denunciaron que los cuerpos presentaban heridas por arma de fuego.
Para la organización, este hecho vuelve a evidenciar la situación de los centros de detención y calabozos policiales en Venezuela, donde persisten problemas de hacinamiento, violencia y falta de control institucional.
La organización advirtió que la situación “cada vez se asemeja más a una operación de exterminio silenciosa dentro de los penales”, al tiempo que señaló que detrás de las estadísticas existen casos de reclusos que enfermaron sin recibir atención médica y familias obligadas a cubrir gastos de medicamentos, alimentos e insumos básicos.
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