Un grupo de familiares de presos políticos protestó la mañana de este viernes en la plaza Rómulo Gallegos de Maturín para exigir al régimen interino de Delcy Rodríguez la aplicación de amnistía a más de 27 personas privadas de libertad por razones políticas.
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Entre los casos más relevantes está el de Luis Villarroel Caña, detenido desde hace seis años. Su madre, Vivian Caña, narró que tras recibir un mensaje de Whatsapp de un número del extranjero y que no tenía en sus contactos, se dirigió a la sede del Conas y le dijeron “Luis, vamos a resguardarte por si llega otro mensaje de ese número”. Desde ese entonces quedó detenido.
“El mensaje que recibió mi hijo decía, ‘vamos por la cabeza de Dios’, pero en ningún momento decía Diosdado Cabello. Él está en La Pica y allí ha sufrido torturas. Bastante daño ha sufrido y a raíz de eso metieron presos a ocho muchachos, que ninguno de ellos se conocía, dos de los cuales se trajeron de Caracas y uno falleció aquí por falta de atención médica. Lo que pido a las autoridades nacionales e internacionales es que vean cada uno de estos casos de gente detenida injustamente”, manifestó la ciudadana.
Caña detalló que el joven fallecido respondía al nombre de Gabriel Medina y su deceso ocurrió presuntamente por complicaciones en los riñones. A pesar de haber conversado directamente con el gobernador chavista Ernesto Luna, pues trabajaba en su equipo, aseguró que todos le dieron la espalda. Solo el diputado por Monagas en la AN, Omar Farías, fue el único que atestiguó a favor de los jóvenes.
Yesenia Caraballo, esposa del profesor Víctor José Faría Quijada, denuncia que tras seis años de detención y tres juicios interrumpidos, no existe una sentencia definitiva en la Causa 1053.
A pesar de haber asistido a más de 60 audiencias y haber recurrido a instancias como la Defensoría del Pueblo, el TSJ y organismos internacionales, los familiares denuncian un estancamiento procesal absoluto y la negativa previa de beneficios como la amnistía.
La situación afecta a un grupo de más de 27 personas en Monagas, señaladas por presuntos «falsos positivos» políticos. Caraballo resalta el impacto devastador en el entorno familiar de ciudadanos de perfil académico y profesional, quienes hoy exigen libertad plena ante lo que consideran una detención injusta marcada por el retardo procesal y la falta de respuestas claras por parte del sistema de justicia.
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