El analista electoral Eugenio Martínez advirtió que Venezuela no podrá celebrar elecciones presidenciales creíbles en 2026 si no se realizan cambios profundos en el sistema electoral, comenzando por la sustitución total de las actuales autoridades del Consejo Nacional Electoral.
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Durante una entrevista, Martínez sostuvo que el actual CNE perdió legitimidad luego de las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024 y de los comicios regionales, parlamentarios y locales de 2025. A su juicio, mantener a los actuales rectores solo garantizaría la repetición de las mismas fallas denunciadas durante la última década.
“El actual Consejo Nacional Electoral no debería volver a organizar procesos electorales en Venezuela”, afirmó Martínez, quien además insistió en que no basta con cambiar a los cinco rectores principales. Según explicó, también debe renovarse toda la estructura operativa del organismo, incluyendo directores regionales y funcionarios de línea en Caracas y en cada estado del país.
Para el experto, uno de los puntos más delicados es el tiempo. Considera que mientras menos meses transcurran entre la convocatoria y la realización de unas eventuales elecciones, menores serán las posibilidades de corregir las deficiencias actuales. Entre ellas mencionó el voto de los venezolanos en el exterior, la actualización del registro electoral y la necesidad de reconstruir la confianza en el árbitro electoral.
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Martínez explicó que uno de los mayores desafíos será permitir que millones de venezolanos en el exterior puedan votar. Recordó que apenas unas 69.000 personas estaban habilitadas para sufragar fuera del país en las elecciones del 28 de julio de 2024, una cifra insignificante frente a una diáspora que supera los nueve millones de venezolanos.
Para resolver ese problema, dijo que será necesario modificar la interpretación actual del artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que exige demostrar residencia legal en el país donde se votará. También señaló que será indispensable la colaboración de la Cancillería, el SAIME y los consulados para permitir que los venezolanos recuperen su documentación y actualicen sus datos electorales.
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Según Martínez, Venezuela necesita con urgencia un “estatuto electoral especial” que permita corregir de manera rápida algunos vacíos de la legislación vigente sin necesidad de entrar en una reforma integral del sistema electoral.
Explicó que ese estatuto serviría para desaplicar artículos puntuales de la ley, especialmente aquellos que hoy limitan el voto en el extranjero. A diferencia de una reforma electoral amplia, este mecanismo permitiría introducir cambios rápidos y temporales para facilitar una eventual transición política.
Sin embargo, Martínez insistió en que ninguna reforma tendrá sentido si no existe un gran acuerdo político previo. Considera que tanto la designación de nuevos rectores del CNE como la aprobación de un estatuto electoral deben surgir de consensos entre las principales fuerzas políticas del país, incluyendo sectores que hoy no tienen representación parlamentaria, como el movimiento encabezado por María Corina Machado.
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El especialista también señaló que el debate electoral no puede limitarse únicamente a la elección presidencial. A su juicio, Venezuela enfrenta un problema mucho más amplio porque los cargos regionales, municipales y parlamentarios electos en 2025 también carecen de legitimidad.
Martínez afirmó que el Parlamento actual tiene una composición “irregular”, al haber aumentado de forma inconsulta el número de diputados de 165 a 283. También recordó que muchos partidos políticos fueron intervenidos, inhabilitados o excluidos de las últimas elecciones, lo que hace necesario un proceso general de re-legitimación de todas las autoridades electas.
Además, advirtió que existe un vacío institucional en torno a la presidencia, luego de la ausencia de Nicolás Maduro. Según explicó, el Tribunal Supremo de Justicia evitó definir si esa ausencia es temporal o absoluta, lo que ha impedido activar los mecanismos constitucionales para convocar nuevas elecciones presidenciales.
“El país no puede permanecer indefinidamente sin la figura de un presidente electo”, alertó Martínez, quien pidió al TSJ pronunciarse formalmente sobre el fondo del asunto.
Pese a la complejidad del panorama, Martínez insistió en que no se debe caer en una visión “maximalista” que pretenda resolver todos los problemas antes de llamar a elecciones. Considera que el país debe comenzar por medidas concretas y rápidas, como cambiar el CNE, flexibilizar el voto exterior y acordar una ruta electoral clara.
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En ese sentido, sostuvo que anunciar un cronograma electoral ayudaría a reducir la incertidumbre política y económica. “Dar certidumbre sobre la ruta electoral ayudaría sin duda alguna”, afirmó. A su juicio, conocer si las elecciones serán en seis, doce o dieciocho meses podría ayudar a estabilizar expectativas dentro y fuera de Venezuela.
Finalmente, Martínez aseguró que uno de los elementos mínimos para unas elecciones creíbles es redefinir el rol del Plan República. Recordó que durante los últimos veinte años los militares han terminado asumiendo funciones de conducción política dentro de los centros electorales, cuando su verdadera tarea debería limitarse a garantizar la seguridad del proceso.
“La elección es un proceso civil y los militares tienen que estar subordinados al poder electoral, no al revés”, concluyó.
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