La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que, de llegar a juicio con jurado, se la absuelva de los cuatro delitos que se le imputan, ya que “los hechos expuestos no son constitutivos de delito alguno”.
En el escrito de conclusiones provisionales de cara al posible futuro juicio, el letrado Antonio Camacho recuerda que ha mantenido durante todo el proceso esa postura y lo procedente sería archivar la causa.
El magistrado Juan Carlos Peinado rechazó a principios de este mes los recursos que pedían archivar la investigación contra Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés e insistió en enviarles a un juicio por jurado, como propuso al finalizar la fase de instrucción el pasado abril. La Audiencia Provincial debe decidir al respecto.
Ahora, en el escrito de conclusiones provisionales protocolario, la defensa de Gómez sostiene que no incurrió en los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
La esposa de Sánchez está investigada por un presunto delito de malversación en el nombramiento en 2018 de Álvarez, su asesora en Moncloa, la sede de la Presidencia del país, y por supuestamente haber intercedido para la adjudicación de contratos públicos a Barrabés.
También se indaga su papel en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), incluido su posible involucramiento en que a la empresa de Barrabés se le concediera el desarrollo de un ‘software’.
El escrito de conclusiones subraya que Gómez inició su colaboración con la Complutense en 2012, momento en que Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”.
Y solicita que las acusaciones sean condenadas en costas por haber actuado “con temeridad y mala fe”, al insistir en el proceso pese a la “inexistencia absoluta” de indicios, para instrumentalizar la causa “como mecanismo de presión y de generación de daño reputacional”.
El documento destaca que Gómez dejó su actividad en la empresa Inmark cuando su marido fue nombrado presidente en 2018 “con la finalidad expresa de evitar cualquier conflicto de intereses”.
En 2020, fue nombrada codirectora de la cátedra extraordinaria Transformación Social Competitiva, un cargo que le fue ofrecido por la Complutense, precisa el escrito.
El letrado insiste en que la cátedra no estaba retribuida, que para codirigirla no es necesario tener titulación universitaria y que el software que se creó en su seno contó con la colaboración de empresas que aportaron diferentes cantidades “ingresadas en el patrimonio de la UCM”.
El software no se finalizó y no llegó a usarse, de modo que esas cantidades “quedaron en el patrimonio de la UCM”, que “no ha sufrido perjuicio patrimonial alguno”.
La defensa también descarta irregularidades relacionadas con el trabajo de la asesora, recordando que todas las esposas de presidentes han contado con esta asistencia e insistiendo en que Álvarez solo remitió de forma ocasional “un número muy limitado de correos” para ayudarla “en momentos puntuales”, sin “menoscabo de recursos públicos”.
Sobre la relación con Barrabés se explica que el empresario participó en el máster “dando alguna clase” y “no tuvo ninguna intervención” ni en su génesis ni en su desarrollo.
EFE
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