La privación de libertad confisca la movilidad de un ciudadano, pero jamás su condición humana. Al cruzar el umbral de un calabozo, los derechos fundamentales no se extinguen; por el contrario, la Constitución y los tratados internacionales imponen al Estado una obligación jurídica ineludible y reforzada: convertirse en el garante absoluto de la salud, la integridad física y la vida de quien se encuentra bajo su custodia. No es un acto de beneficencia, no es una concesión graciosa de los tribunales. Es un mandato legal estricto.
Sin embargo, en la Venezuela actual, la custodia estatal se ha transformado con alarmante frecuencia en una sentencia de muerte no escrita. El reciente y doloroso fallecimiento de LEONARDO JOSÉ FIGUEROA en el Internado Judicial de Monagas, conocido como “La Pica”, es el reflejo más crudo de un sistema que utiliza la denegación de auxilio como una extensión del castigo.
Padecer cáncer tras las rejas es una tragedia en sí misma; pero que las autoridades ignoren sistemáticamente las solicitudes de traslado, impidan el acceso oportuno a tratamientos médicos indispensables y bloqueen el inicio de las quimioterapias requeridas, desborda la negligencia administrativa. Estamos frente a un crimen por omisión. Una ejecución silenciosa amparada en la burocracia penitenciaria.
Este drama humano interpela directamente la conciencia de quienes operan el sistema de justicia en el país. El dolor y la impunidad no son abstractos; tienen firmas, despachos y sellos específicos. La responsabilidad penal, institucional y moral recae directamente sobre una cadena de mando civil y judicial:
Cada juez que recibió en sus manos los informes médicos urgentes y decidió engavetar la boleta de excarcelación o la medida humanitaria.
Cada fiscal del Ministerio Público que asistió a las audiencias, observó el deterioro físico del imputado y prefirió guardar un silencio cómplice.
Cada autoridad penitenciaria y militar que priorizó la obediencia ciega a las órdenes políticas antes que el cumplimiento estricto de la Constitución.
Cuando un ciudadano enfermo de gravedad bajo la tutela del Estado es abandonado a su suerte, la frontera entre la negligencia y el dolo se borra. La denegación deliberada de atención médica se convierte en un mecanismo de tortura y en una violación flagrante de los derechos humanos que no prescribe.
Quienes hoy ejercen el poder desde los despachos judiciales parecen olvidar que las togas, las credenciales y los cargos públicos no ofrecen un refugio eterno. La historia penal contemporánea demuestra que los sistemas de opresión cambian, pero las víctimas y sus familias conservan los nombres, los rostros y las pruebas del sufrimiento provocado.
Los “magistrados y fiscales” venezolanos se encuentran ante una disyuntiva histórica ineludible: actuar como verdaderos defensores de la legalidad o consolidarse como piezas dóciles de la arbitrariedad. La obediencia debida ya no es una excusa válida ante la jurisprudencia internacional en materia de crímenes de lesa humanidad.
Venezuela necesita con urgencia un sistema de justicia que investigue en lugar de callar; jueces que hagan valer la ley frente a las presiones del poder político; y funcionarios que asimilen, de una vez por todas, que la vida de cualquier ser humano está muy por encima de las dinámicas del cálculo partidista o ideológico.
Cada recluso que pierde la vida en condiciones que pudieron haberse evitado con una simple firma humanitaria abre una grieta irreparable en el tejido moral de la nación. Cuando los tribunales y los penales permiten que un ciudadano muera por abandono institucional, el daño no se limita a un expediente cerrado o a una estadística carcelaria. Lo que realmente ocurre es la mayor de las debacles republicanas: fracasa de forma absoluta y vergonzosa el Estado en su obligación primera de proteger vidas.
