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Documento filtrado mostró control de EEUU sobre ingresos venezolanos

Se observa la fachada principal del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y las oficinas de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), identificadas por sus grandes letras rojas características. Foto: La Patilla

 

El medio español elDiario reveló este lunes 1 de junio que el régimen de Delcy Rodríguez notificó a aerolíneas y navieras internacionales que los pagos por combustible en divisas deberán ser depositados directamente en una cuenta custodiada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

lapatilla.com

Según documentos obtenidos por el periódico, el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela, junto con PDVSA, remitió el pasado 28 de mayo una comunicación donde se instruye a las compañías a transferir los pagos correspondientes al suministro de combustible tipo JET A1, MGO e IFO 380 hacia cuentas administradas por autoridades estadounidenses.

El documento incluye una notificación oficial del Tesoro de EEUU donde se especifica que los fondos serán recibidos mediante una “cuenta de custodia de Venezuela” y deberán identificar el origen de los pagos relacionados con petróleo, oro, minerales u otros recursos naturales.

De acuerdo con el reporte, la medida afecta a todas las aerolíneas y navieras internacionales que operan en Venezuela y requieren repostar combustible dentro del país.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ya había adelantado en enero que Washington supervisaría parte de los ingresos provenientes de recursos venezolanos tras los acuerdos alcanzados con Rodríguez luego de la captura de Nicolás Maduro.

“Les permitiremos comercializarlo a precios de mercado (…) y los fondos se depositarán en una cuenta que supervisaremos”, declaró Rubio ante el Congreso estadounidense.

Asimismo, una orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 9 de enero estableció mecanismos para que EEUU reciba, administre y gestione ingresos derivados de recursos naturales venezolanos mediante fondos especiales controlados por el Tesoro.

El decreto también otorgó al Gobierno estadounidense la capacidad de decidir el destino de esos recursos, bajo el argumento de proteger activos venezolanos y garantizar el uso público de los fondos.

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