El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció el 1° de junio la creación del Plan Retorno, una medida que estará destinada a incentivar la salida voluntaria de migrantes que hayan ingresado por pasos no habilitados y así “desincentivar” la permanencia de manera irregular en el país austral.
En su discurso, Kast expresó que “durante años la frontera norte estuvo desprotegida”, frente a la migración por pasos irregulares, el narcotráfico, contrabando y crimen organizado.
“Lo haremos sin perder de vista la dimensión humana de este drama. Porque entendemos que detrás de la migración irregular hay también familias engañadas, niños usados como pasaporte y personas explotadas por el crimen organizado transnacional”, dijo el mandatario durante su primera Cuenta Pública, tras 82 días de gobierno.

El presidente destacó que quienes salgan de manera voluntaria podrán postular de nuevo al ingreso a Chile, a través de los mecanismos correspondientes como lo son las visas.
“Los que entraron por la ventana, de manera ilegal, irregular y clandestina más pronto que tarde, van a estar fuera de nuestro país”, ratificó.
Kast recordó que desde el inicio de su gobierno se comenzaron las gestiones para el control de fronteras, bajo la presencia de las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales.
“Ese despliegue ha sido muy fuerte desde el 11 de marzo, han aumentado también las expulsiones como las salidas voluntarias. Sé que todavía necesitamos más, porque algunos dicen ‘lleva solo dos aviones’. Pero estamos partiendo”, declaró.
Detalles del plan
El Servicio de Migraciones publicó en su cuenta de Instagram los detalles del plan de abandono voluntario. El mismo permite que el migrante, que haya ingresado por pasos ilegales, salga de Chile sin sanción migratoria ni económica.
En ese sentido, las personas no será expulsadas ni se les prohibirá el ingreso nuevamente al país o se le revocará la expulsión, solo si fue ordenada mediante un ingreso irregular y cumple con salir de Chile en los plazos establecidos.
La medida también está dirigida para aquellos ciudadanos extranjeros que ingresaron con visa de permanencia transitoria, pero siguen en el país con plazo de estadía vencido.
En el caso de que el migrante tenga arraigo familiar, así como aquellos que tengan un contrato de trabajo vigente, podrán presentar una solicitud previa de residencia temporal antes de abandonar el país. El organismo aclaró que la solicitud se activa al momento de salir del territorio chileno.
Estos son los documentos que se deben presentar:
- Pasaporte, documento de nacionalidad de identidad vigente o no vigente
- Salvoconducto consular o título de viaje
El trámite se realizar a través de la plataforma del Servicio Nacional de Migraciones, y tendrán un plazo de 180 días corridos para la solicitud, luego de que sea habilitada la página web.
Otro planes del gobierno de Chile contra la migración por vías irregulares
Durante la semana del 28 de mayo, el director del Servicio Nacional de Migraciones de Chile, Frank Sauerbaum, informó que se enviarán notificaciones y posibles multas a empresas que contraten a migrantes sin regularizar. La información la obtendrá el gobierno a través de una lista que entregará la Superintendencia de Pensiones.
“Están cotizando hoy día en Chile con un número distinto del RUT, que le entrega la AFP justamente para poder solamente cotizar, pero lo que no le da la atribución ni el permiso para trabajar”, dijo el ejecutivo a medios locales.
En ese sentido, el delegado presidencial regional, Daniel Pacheco, explicó que si en medio de las fiscalizaciones a empresa se detecta a extranjeros sin los permisos correspondientes para trabajar, funcionarios de la Policía de Investigación (PDI) realizarán la denuncia y luego el Servicio de Migraciones cursará las multas tanto al trabajador como al empleador.

También, a mediados de mayo, el gobierno presentó ante una sesión legislativa una indicación que obligaría a las instituciones de salud, previsionales o de educación a informar a las autoridades sobre migrantes sin documentos. Entre los datos que buscaría recabar están el domicilio, teléfono, correo electrónico, entre otros datos de extranjeros que sean objeto de “procedimientos migratorios en tramitación”.
“Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado, estarán obligados a entregar a la autoridad administrativa migratoria y contralora los antecedentes que estas requieran”, dice el documento.
Sin embargo, la iniciativa ha generado cuestionamientos, incluso dentro del mismo oficialismo. El 15 de mayo, la ministra de Salud, May Chomali, expresó que una entrevista para Radio13c que en su cartera de Estado estaban “observando con bastante preocupación” la medida.
“Nosotros no podemos desde el Ministerio de Salud informar de estos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria y eso está resguardado por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes. Eso lo vamos a defender absolutamente”, dijo.
Agregó que no se le puede negar la atención de salud a las personas y que revisarían en conjunto la medida para “ver cómo se alinea esto con otras políticas que hemos estado discutiendo dentro del propio gobierno”.
“No podemos ir en contra de la ley, que tiene que ver con la ley de deber y derecho del paciente y el Código Sanitario y tampoco podemos negarle la atención de salud a un migrante”, concluyó.
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