José Palma es salvadoreño. Llegó a Estados Unidos en 1998, cuando tenía 23 años. “(Vine para) buscar trabajo, tratar de aprender el idioma, tratar de insertarnos en la sociedad estadounidense y estudiar, preparar nuestra familia”, cuenta Palma a CNN. Desde 2001, es beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un programa de inmigración que lo ha protegido de la deportación y que le ha dado permiso para trabajar. Hoy, ese programa que lo mantiene con un estatus legal en EE.UU. cuelga de alfileres ante la ofensiva inmigratoria de la administración de Donald Trump, lo que amenaza con dejar desprotegidas a más de 1 millón de personas que llegaron de países que atraviesan guerras y desastres naturales.
Por CNN
Con el TPS, dice Palma, ha logrado lo que él visualizó como “el sueño americano”: formó una familia, tiene cuatro hijos –todos nacidos en Estados Unidos– y una esposa, también salvadoreña; se preparó académicamente y ha construido un patrimonio; y ahora es un destacado activista por los derechos de los inmigrantes, que se encuentra en la primera línea de defensa del Estatus de Protección Temporal en su rol como coordinador nacional de la Alianza Nacional del TPS.
“Aunque ha sido temporal, tengo que renovarlo cada año y medio, pagar lo que cuesta el registro. El TPS me ha provisto oportunidades como tener empleo, vivir con tranquilidad, poder uno prepararse académicamente. Entonces el sueño americano se logra, aunque sea de a poco, con el TPS”, dice Palma.
Su historia es la de muchos inmigrantes más que están en EE.UU. para construir comunidad y vivir mejor.
Es el caso de Viles Dorsainvil, beneficiario del TPS de Haití y demandante en uno de los casos que recientemente llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, así como cofundador y director ejecutivo del Haitian Support Center. “Estamos aquí porque sabemos lo que está en juego. Sabemos lo que significa luchar con la incertidumbre de no saber qué sucederá mañana. La cuestión que tiene ante sí la Corte no es solo jurídica, sino también moral. Instamos a que se tome una decisión que refleje nuestros valores. Seguiré firme, abogando por una solución permanente y digna para todos aquellos que consideran a este país su hogar”, dice.
O también Francis García, beneficiaria del TPS de Honduras, quien lleva más de dos décadas viviendo en Estados Unidos: “Años de labor sindical me enseñaron el significado de la solidaridad, y mi liderazgo en la Alianza Nacional del TPS ha profundizado mi compromiso de proteger, con fuerza y determinación, a las familias que viven y trabajan en este país. Perder nuestro estatus no es para nosotros una idea abstracta; significa vivir con una incertidumbre constante, con el miedo a la separación y con el peso de ser empujados hacia las sombras, a pesar de las vidas que hemos construido aquí junto a nuestras familias. Y, sin embargo, incluso ante esa realidad, nuestra resiliencia permanece inquebrantable. Somos padres que crían a sus hijos, trabajadores que sostienen a sus comunidades y vecinos que se niegan a desaparecer. Los beneficiarios del TPS formamos parte del presente y del futuro de esta nación, y seguimos adelante con la convicción de que nuestras familias merecen estabilidad, nuestras vidas merecen reconocimiento y nuestras voces no serán silenciadas”.
Un programa bajo amenaza del Gobierno de Trump
El miércoles 29 de abril, el TPS llegó al máximo tribunal de Estados Unidos a través de dos demandas que involucran a los beneficiarios sirios y haitianos de ese programa.
Si bien la discusión del miércoles en la Corte Suprema se originó a partir de la cancelación de las protecciones del TPS para miles de ciudadanos de Haití y Siria por parte del Gobierno de Trump, lo que realmente estuvo en el centro del debate fue el futuro de este programa. Mientras que la administración estadounidense considera que el terminar con las designaciones del TPS para cada país no puede ser revisable en el sistema judicial, los defensores de los inmigrantes señalan que el proceso ejecutivo para cancelar los beneficios del programa no ha seguido la legislación vigente, lo que, a su parecer, sí tendría que ser impugnable ante jueces.
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