La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los presos políticos venezolanos Carmelo De Grazia, Daniel De Grazia y Levin De Grazia, al considerar que sus derechos a la vida, integridad personal y salud se encuentran en riesgo de sufrir un daño irreparable.
Por lapatilla.com
La decisión quedó establecida en la Resolución 35/2026, adoptada el pasado 5 de mayo por el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según detalló la CIDH, Carmelo De Grazia y Daniel De Grazia permanecen privados de libertad desde el 19 de abril de 2024, presuntamente sin recibir la atención médica necesaria y bajo condiciones inadecuadas de reclusión.
Mientras tanto, Levin De Grazia se mantiene bajo arresto domiciliario y, de acuerdo con la denuncia presentada ante la Comisión, ha sido víctima de hostigamiento por parte de funcionarios estatales.
La CIDH señaló además que el Estado venezolano no suministró información sobre la situación de los beneficiarios durante el proceso de evaluación de las medidas cautelares.
Tras analizar el caso, la Comisión advirtió que la permanencia de Carmelo y Daniel De Grazia bajo custodia estatal, sumada a la falta de atención médica adecuada, restricciones en las visitas y obstáculos para designar abogados de confianza, incrementa el riesgo de una afectación grave a sus derechos fundamentales.
En el caso de Levin De Grazia, el organismo consideró que el presunto hostigamiento de funcionarios públicos evidencia un escenario de riesgo que podría agravarse “en cualquier momento” dentro del contexto venezolano.
Entre las medidas solicitadas al Estado venezolano, la CIDH pidió garantizar la protección de la vida, salud e integridad personal de los tres hermanos.
Asimismo, exigió mejorar las condiciones de detención de Carmelo y Daniel De Grazia conforme a estándares internacionales, facilitar la comunicación con familiares y abogados, y permitir acceso pleno a sus expedientes judiciales.
La Comisión también solicitó que se explique por qué ambos continúan detenidos pese a la existencia de boletas de excarcelación emitidas en marzo de 2026, que ordenaban el cambio a régimen de arresto domiciliario.
Además, pidió realizar evaluaciones médicas inmediatas y garantizar tratamientos oportunos y especializados, cuyos resultados deben ser informados a sus familiares y representantes legales.
La CIDH igualmente requirió que las autoridades venezolanas adopten acciones para evitar amenazas, intimidaciones o actos de violencia contra los beneficiarios, así como investigar los hechos denunciados para impedir su repetición.
El organismo aclaró que el otorgamiento de estas medidas cautelares no implica un prejuzgamiento sobre posibles violaciones de derechos humanos que eventualmente puedan ser llevadas ante el Sistema Interamericano.
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