Rodrigo Paz atraviesa las horas más difíciles de su gestión. En las últimas semanas se acumularon conflictos sectoriales a los que se fueron sumando pedidos de renuncia con bloqueos de carreteras y episodios de violencia que amenazan la estabilidad de su gobierno.
Por Infobae
Las protestas surgieron en múltiples flancos: maestros con demandas de aumento salarial, transportistas que reclamaban por la mala calidad del combustible e indígenas de la región amazónica que pedían la anulación de una ley de reforma agraria. Estos grupos orbitaban con sus demandas alrededor de una organización que históricamente ha ejercido presión en las decisiones gubernamentales: la Central Obrera Boliviana, que exigía un aumento salarial adicional al del 20% que hubo a inicios de año.
Mientras el Gobierno lograba acuerdos sectoriales y mitigaba algunos conflictos, en el altiplano se iba gestando la protesta de la Federación de Campesinos Túpac Katari que, sin una agenda de demandas específicas, instaló bloqueos “indefinidos” para pedir la renuncia del presidente en rechazo a su gestión. Con un promedio de 20 piquetes simultáneos, la medida de presión tiene prácticamente cercada la sede de Gobierno.
A los campesinos se sumaron más tarde dirigentes de la COB, que abandonaron su demanda salarial para exigir la renuncia de Paz, y el movimiento indígena aymara Ponchos Rojos. El jueves se vivió una jornada de violencia con los mineros afiliados al sindicato obrero que, a punta de dinamitazos, se enfrentaron con la Policía en el centro paceño.
Entre tanto, los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) iniciaron una marcha de 190 kilómetros a La Paz en rechazo a la propuesta de modificación parcial de la Constitución Política del Estado que ha planteado Paz y para exigir el cese de los procesos judiciales que enfrenta su líder político, que se encuentra acorralado en su bastión para evitar que se ejecute una orden de captura en su contra.
En el medio, y con la crisis económica como telón de fondo, hay una ciudadanía hastiada de marchas y bloqueos que exige “mano dura” al Gobierno para poner orden en un país habituado a que los desacuerdos políticos se diriman en las calles.
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