La organización no gubernamental (ONG) Foro Penal confirmó el jueves 4 de junio la excarcelación de John Jairo Gasparini, exjefe de seguridad de la Alcaldía de El Hatillo, quien permaneció privado de libertad durante más de seis años tras ser acusado de participar en un supuesto plan contra el gobierno de Nicolás Maduro.
La noticia fue celebrada por sus familiares, quienes denunciaron irregularidades en el proceso judicial y las condiciones de reclusión del agente.
“Se dice rápido, pero fueron más de 6 años de una injusta detención. Hoy ese abrazo tan anhelado se hizo realidad. Nuestros corazones no caben en el pecho de tanta felicidad al ver en libertad a John Gasparini”, escribió su hermana Sugled Gasparini, en la red social X.
Foro Penal informó que Gasparini fue detenido el 19 de marzo de 2020 y que su caso era considerado una detención arbitraria. La organización confirmó su liberación sin ofrecer detalles sobre las condiciones en las que se produjo la medida.
Sobre el caso de John Gasparini
Gasparini, de 48 años de edad, se encontraba recluido en el centro penitenciario Rodeo III. Tras varios años de proceso judicial, fue condenado a 16 años de prisión por los delitos de traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir, cargos vinculados a una presunta operación destinada a derrocar a Maduro.
Las autoridades lo relacionaron con la denominada “Operación Constitución” y con un supuesto plan de magnicidio, acusaciones que fueron rechazadas por familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos. Durante el tiempo que permaneció encarcelado, sus allegados denunciaron reiteradamente presuntos tratos crueles y condiciones inadecuadas de reclusión.
La liberación de Gasparini se produce en medio de una serie de excarcelaciones impulsadas por la administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez desde comienzos de 2026. Según cifras del Foro Penal, cientos de personas han sido excarceladas o liberadas en los últimos meses, aunque todavía hay al menos 400 detenidos por causas políticas.
El 2 de junio, Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, denunció que hasta esa fecha solo habían sido verificadas 48 excarcelaciones de presos políticos, pese a que las autoridades venezolanas anunciaron previamente la liberación de unas 500 personas detenidas por motivos políticos.
Durante una entrevista concedida al programa “El Noticiero”, de Televen, el abogado y defensor de derechos humanos cuestionó la diferencia entre las cifras difundidas por el gobierno encargado y los casos que la organización ha podido confirmar en los distintos centros de reclusión del país.
El activista indicó que las cifras recopiladas por la organización reflejan una brecha importante entre las promesas realizadas por las autoridades y las medidas que efectivamente se han materializado.
Denuncia por traslados desde El Helicoide
Romero confirmó el 4 junio que las autoridades ejecutaron un operativo de traslado de los 25 presos políticos que permanecían en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, en Caracas, hacia diferentes centros de reclusión del país.
De acuerdo con Romero, la movilización de los detenidos efectuada el 3 de junio incluyó la reubicación del dirigente político del estado Táchira Jackson Vera, quien recibió orden de ingreso a la cárcel de La Planta, ubicada en la parroquia El Paraíso de Caracas.
Las comisiones de custodia asignaron los centros de reclusión de El Rodeo y Yare, en el estado Miranda, así como en el Centro Penitenciario de Carabobo, conocido popularmente como Tocuyito.
A través de su cuenta de X, Romero agregó que en el caso de las mujeres detenidas en El Helicoide, las comisiones de seguridad coordinaron su internamiento en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y en el anexo de Las Crisálidas, ambos ubicados en Los Teques, en el estado Miranda.
El monitoreo de la ONG determinó que el resto de los presos políticos fueron distribuidos en diversos internados judiciales de la región central del país, bajo la administración del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.
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