El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), Edgar Stuardo Ralón Orellana, advirtió que una transición demócratica en Venezuela debe implicar un acompañamiento de organizaciones que puedan monitorear la situación en ese país, incluido por años en la «lista negra» de la entidad.
En su informe anual correspondiente a 2025, publicado este jueves, la organización mantiene a Venezuela, Cuba y Nicaragua en el capítulo de naciones en las que pone «un enfoque especial» debido a lo que identifica como severas violaciones de derechos humanos y un entorno de represión.
En medio del acercamiento de Estados Unidos y Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, la Cidh «ha manifestado su intención de hacer una visita» al país, que hasta ahora ha prohibido el ingreso de las delegaciones de la entidad.
«Creemos que después de estar aislado y de no rendir cuentas Venezuela, este cambio debería ir acompañado de una apertura que le permita a la Comisión ir al terreno a verificar la situación de los derechos humanos», dijo a EFE Ralón Orellana.
El abogado constitucionalista guatemalteco cree que «esa visita debe ocurrir pronto».
«No tenemos la posibilidad de ir si no nos da la anuencia el Estado, pero en 2025 veíamos muy poco probable que la Comisión estuviera planteando una visita y ahora lo que estamos es planteándola públicamente, así que esperamos que se dé», agregó.
Aunque el depuesto Maduro solicitó en 2017 la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que la Cidh se integra como órgano autónomo, esta institución todavía incluye a la nación suramericana en su membresía oficial, argumentando compromisos pendientes.
El chavismo ha rechazado las solicitudes oficiales de visita de la Comisión de derechos humanos, a la que acusa de parcialidad y advierte que al no pertenecer a la OEA, no reconoce la competencia de este bloque, ni de sus entidades.
La Cidh realiza desde hace años un monitoreo a distancia de la situación del país, donde denuncia el deterioro progresivo del Estado de derecho y el uso excesivo de la fuerza contra la oposición, además de la censura y violación de las libertades de prensa y de expresión.
La salida del poder de Maduro y el acercamiento de su exvicepresidenta a Estados Unidos en un Gobierno tutelado, según asegura Washington, han elevado las expectativas dentro y fuera del país de un movimiento hacia una transición más allá de la apertura petrolera pactada con la Casa Blanca del presidente estadounidense, Donald Trump.
Su Administración dijo esta semana que aún no tienen fecha para unas nuevas elecciones en el país suramericano y que están prestando atención a «los hitos que deben cumplirse a lo largo de este camino», tras una primera fase de estabilización.
EFE
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