Hassel Barrientos (Concepción, 50 años), subprefecto y jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros (BIPE) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), lideró la indagatoria que permitió la liberación, el 29 de abril y después de tensas 180 horas, del empresario ferretero de 84 años, Jorge Vera, secuestrado en Santiago. Es un caso en el que se logró rápidamente la detención de cinco personas. De ellas, cuatro son extranjeros, con vínculos con el Tren de Aragua, y el quinto, apresado este martes, es un chileno que actuaba como celador. En la misma semana, una mujer peruana, también comerciante, fue víctima de este mismo delito, cometido por cuatro delincuentes, dos chilenos y dos venezolanos, que ya fueron capturados.
Por Ana María Sanhueza | EL PAÍS
Hasta hace unos cinco años, los secuestros en Chile eran esporádicos y, cuando ocurrían, generalmente eran protagonizados entre clanes familiares de delincuentes y bandas locales rivales dedicadas al tráfico de drogas, para saldar deudas o por disputas territoriales. Pero, en los dos casos recientes, las víctimas no tenían antecedentes penales ni estaban ligadas a una organización criminal: eran comerciantes con negocios establecidos y sus familias fueron extorsionadas para conseguir dinero.
Precisamente, esa característica es la que ha puesto en alerta a las autoridades del país sudamericano. Y la subsecretaría de Prevención del delito del Gobierno de José Antonio Kast ha creado este jueves el Observatorio de Secuestros.
Aunque no es primera vez que ocurren delitos de estas características, lo complejo es que se registraran dos casos en una semana. En 2023, el dueño de una empresa de estructuras metálicas fue secuestrado en Rancagua, una ciudad a unos 60 kilómetros al sur de Santiago, por Los Piratas de Aragua, una facción del Tren de Aragua. La organización criminal, que surgió en una cárcel de Venezuela, opera con ‘franquicias’. Incluso, hay bandas que le pagan por usar su nombre, mientras que otros delincuentes son fichados para prestar colaboración, como, por ejemplo, un lugar de cautiverio.
Barrientos, con 30 años en la PDI, seis en la BIPE, y cuatro como jefe antisecuestros, ha sido testigo de cómo han evolucionado estos delitos en Chile. Señala que desde que irrumpió el Tren de Aragua y sus facciones, que las estadísticas de los secuestros que maneja su unidad revelan que “subieron hasta el doble en los primeros años”. Y que, si la Región Metropolitana de Santiago registraba hasta 2021, 19 casos al año, en 2025 hubo 63 y que, de ellos, 37 fueron secuestros extorsivos.
El subprefecto señala a EL PAÍS que fue en 2022 cuando se observó otra dinámica en los secuestros. Pero, poco antes, en la Navidad de 2021, hubo una alerta que permitió a la policía darse cuenta de que había cambiado la criminalidad: el secuestro en Santiago de Piero Rizutti, un joven venezolano con residencia legal que vivía en Chile con su madre: la extorsionaron pidiéndole dinero y joyas por la liberación de su hijo. Sin embargo, el cadáver fue hallado 48 horas después, en un sitio eriazo en Lampa, al norte de Santiago, maniatado, con señales de tortura y con impactos de balas. “Este caso fue un punto de inflexión y marca un antes y un después en las distintas investigaciones por secuestros en relación al crimen organizado transnacional, específicamente, a bandas criminales de origen venezolano”, señala el subcomisario.
Para entonces, en Chile había indicios de que el Tren de Aragua estaba operando, sigilosamente. Primero, durante la pandemia, en el extremo norte, en Tarapacá y en Arica, con la facción Los Gallegos, cuando sus miembros ingresaron por pasos ilegales por la frontera desde Perú. Y el caso de Rizzuti fue la muestra de que los tentáculos se habían extendido hasta Santiago, pues al investigar a los secuestradores, la PDI detectó que estaban ligados a la megabanda.
“Lamentablemente, el caso de Rizutti fue denunciado a destiempo. Por eso siempre insistimos que cuando las personas estén en conocimiento de un secuestro, es muy importante la denuncia lo antes posible para poder activar los protocolos de la investigación”, advierte el detective.
“Este caso nos sirvió para adquirir experiencia. Hubo muchas complicaciones, porque los autores tenían ingresos clandestinos a Chile y estaban en condición migratoria irregular. Por ello, costó mucho identificarlos. Transitaban y vivían en la Región Metropolitana, pero no había información asociada a ellos. Tampoco había canales expeditos con las autoridades de Venezuela”, agrega.
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