¿Es posible saquear a una nación sin que nadie en la acera de enfrente se dé cuenta?. La tragedia de Venezuela no solo tiene verdugos, tienen socios silenciosos. El desmantelamiento sistemático de nuestro país no se explica únicamente por la ambición depredadora de una dictadura, se explica, con igual gravedad, por la existencia de una oposición funcional y complaciente que se prestó al juego del desfalco. Mientras los recursos destinados a la salud, la vivienda y la infraestructura básica desaparecían en las cloacas de la corrupción, una parte de la dirigencia política que juró defender al pueblo optó por la convivencia rentable y el silencio cómplice. Esa omisión no fue un error de cálculo, fue una traición institucional que hoy pagamos con la miseria.
Es la hora de llamar las cosas por su nombre. La corrupción debe ser el eje central de un debate de Estado, un tema que no se puede seguir ignorando. Pero este debate no puede estar liderado por quienes desde sus curules, permitieron que el atraco ocurriera sin oponer resistencia real. Los diputados que debieron ser la primera línea de defensa contra el robo del patrimonio público se convirtieron, en demasiados casos, en gestores de la impunidad. Sin esa oposición a la medida, la dictadura jamás habría podido saquear la nación con tal nivel de descaro.
Para fundar la nueva República, el peso de la ley no solo debe caer sobre el funcionario que firmó el contrato inflado, sino también sobre el político que, por acción u omisión, lo permitió. La reconstrucción nacional exige medidas que corten de raíz la cultura del “arreglo” debajo de la mesa. No podemos permitir que el futuro se construya sobre los mismos vicios que destruyeron nuestro presente.
Un legislador que ignora una denuncia de desfalco para no “alterar la paz política” es tan responsable como el malversador que ejecutó el robo.
Aquellos que se prestaron para simular una democracia mientras el país era asaltado deben quedar inhabilitados de por vida. No puede haber segundas oportunidades para quienes canjearon la salud de los venezolanos por privilegios personales.
El país exige qué se hizo con cada dólar, pero también quiénes fueron los “opositores” que se beneficiaron de las migajas del banquete dictatorial.
Comparto plenamente la visión de líderes comprometidos con la ética y la moral como el doctor Carlos Alaimo, quien ha sostenido con firmeza que Venezuela no saldrá de este foso sin una regeneración moral de su clase dirigente. La crisis sanitaria o eléctrica es apenas un síntoma, la enfermedad es la ausencia de valores en el ejercicio del poder. Necesitamos una política con ética, donde el ciudadano deje de ser un rehén de cúpulas para convertirse en el verdadero fiscal del destino nacional.
No tendremos el país que merecemos mientras la política siga siendo un refugio para actores que fingen confrontación frente a las cámaras mientras comparten el botín en la oscuridad. La moral pública es el cimiento de cualquier Estado de Derecho. Si no establecemos mecanismos de control que impidan el choque entre supuestos adversarios, el mañana será simplemente un cambio de nombres en un mismo esquema de saqueo. El debate debe estar en el centro de la mesa y sin “pactos de caballeros” entre delincuentes. Únicamente barriendo la suciedad de ambos lados de la acera política podremos aspirar a un país digno. De este modo responderemos a la pregunta inicial: nadie podrá saquear un país si quienes están en la acera de enfrente deciden, finalmente, dejar de mirar hacia otro lado.
@angelmontielp
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