El régimen presidido por Delcy Rodríguez se declaró en campaña contra las elecciones para elegir el nuevo Presidente de la República, previstas en los artículos 233 de la Constitución. La razón: la falta absoluta de Nicolás Maduro. De acuerdo con lo establecido en ese artículo, la Asamblea Nacional debe convocar unos nuevos comicios, pasados 180 días de la falta absoluta del mandatario. Ya pasaron los primeros noventa días de la ausencia temporal, señalados en el artículo 234. El único recurso que le queda al Ejecutivo es -a partir del 234- dirigirse a la Asamblea Nacional para que amplié por noventa días más el período de la ausencia temporal. Al completarse este lapso, resulta obligatorio el llamado a la votación.
Sobre el tema ya se han pronunciado los abogados constitucionalistas más destacados del país y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Sin embargo, el régimen no se ha dado por enterado de esa obligación. Ignora olímpicamente el mandato.
Su respuesta ha consistido en diseñar una campaña para sepultar la idea de que en Venezuela habrá elecciones en el futuro cercano. Incluso, en el mediano plazo. Su proyecto apunta a diferir la consulta hasta 2030, cuando concluiría el sexenio iniciado por Maduro el 10 de enero de 2025, cuando, después del fraude del 28 de julio de 2024, se juramentó en la Asamblea Nacional para su tercer período presidencial.
Como parte de la cruzada, Jorge Rodríguez -en una reciente entrevista con en El País, de España- señaló que, en la actual situación de Venezuela, lo único importante es el crecimiento económico. La respuesta la dio frente a una pregunta del periodista acerca de las elecciones presidenciales. Diosdado Cabello desdeña continuamente cualquier convocatoria a los comicios. La mayoría oficialista que controla la Asamblea Nacional -a la que le corresponde calificar la ausencia de Maduro y nombrar un nuevo CNE- todavía no se ha enterado de la existencia del artículo 233 de la Constitución, ni sabe el significado de ‘falta absoluta’ del Presidente. Delcy Rodríguez se pasea por los pasillos de Miraflores sin mencionar ni por error el asunto. Todo esto ocurre, no por ignorancia o desconocimiento de la Constitución, sino por un desprecio total por la legalidad. En la práctica, constituye una prolongación del despojo perpetrado el 28-J. Es un fraude continuado. Una nueva estafa a los venezolanos.
De la conspiración urdida por el régimen contra las elecciones presidenciales, el Gobierno de Estados Unidos se ha hecho socio, aunque podría ser de forma involuntaria. Hay que celebrar que las sanciones petroleras hayan ido levantándose progresivamente. Que la producción se haya incrementado de forma significativa, al igual que los ingresos provenientes de la venta del crudo. Resulta muy positivo que la nación pueda irse incorporando al sistema financiero internacional por el levantamiento de las sanciones al Banco Central de Venezuela y a los bancos propiedad del Estado, y que de nuevo se admitan dólares provenientes del país en la banca norteamericana. Estos logros permitirán estabilizar el mercado financiero nacional e ir recuperando la economía. Además, sientan las bases para un crecimiento sostenido.
Lo que no queda claro es que esos beneficios se encuentren enlazados con la reinstitucionalización del país y el avance hacia la democracia. Hasta ahora, la administración de Donald Trump ha demostrado un claro interés por convertir a Venezuela en una fuente segura y confiable de petróleo y otros minerales estratégicos. Y ha ido lográndolo. Trump, cada vez que tiene la oportunidad, se deshace en elogios acerca de la actitud del Delcy Rodríguez. Habla con satisfacción de cómo la mandataria obedece sin chistar sus órdenes. Ahora bien, en esas órdenes no aparece por ningún lado la urgencia de avanzar con claridad hacia la recuperación del Estado de derecho, la consolidación del Estado constitucional y la democracia. Lo que se observa es un pragmatismo que raya en el mercantilismo más ramplón.
La ausencia de exigencias democráticas por parte de Estados Unidos está siendo aprovechada por el régimen para volver a sus andanzas. Además de bloquear la posibilidad de elecciones en el horizonte cercano, ha arremetido de nuevo contra los trabajadores que luchan por reivindicaciones salariales; agrede y amenaza a periodistas que cubren las protestas e informan de hechos que incomodan al Gobierno; ralentiza la aplicación de la Ley de Amnistía; amenaza con apresar a María Corina Machado en el caso de que retorne al país; no extiende la amnistía a los venezolanos que se exiliaron por razones políticas. Delcy Rodríguez se disfraza de miliciana, como en los momentos más agresivos de Maduro. La democratización del país chapotea en un pantano, sin que la sociedad logre acumular la fuerza necesaria para para imponerla.
Da la impresión de que Marco Rubio perdió empuje frente a su competidor, el pragmático Richard Grenell, quien aboga por el crecimiento económico sin importarle la fortaleza democrática.
La estrategia trazada por la Plataforma Unitaria Democrática, expuesta el pasado fin de semana, podría modificar el cuadro y, en un plazo cercano, impedir el éxito de la campaña del régimen contra las elecciones, obligándolo a convocar la consulta. Debemos apoyarla.
@trinomarquezc
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