El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama tiene claro que las actividades del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no se limitaron a la intermediación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. En el auto judicial de 88 páginas, Calama sitúa al líder socialista detrás de una trama, presuntamente, criminal orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales, pero también extranjeras en Venezuela, China y Emiratos Árabes.
Por larazon.es
El expresidente del Gobierno, que está citado a declarar en calidad de investigado el próximo 2 de junio, tuvo una “intervención directa” en operaciones internacionales “de alto valor económico” de petróleo, oro, compraventa de acciones, divisas y rutas de entrega de producto físico por varios millones de euros.
Calama atribuye a Zapatero el liderazgo de una “estructura, organizada, estable, y jerarquizada” dirigida a la “obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros”. Todo ello mediante un “entramado societario complejo, nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real”.
Esta sociedad, vinculada a la rusa Gazprom, constituye en la trama “un punto de entrada de fondos extranjeros, simulados como ampliaciones de capital, que posteriormente se redistribuyen hacia Análisis Relevante -la empresa clave de la organización-, Whathefav -la agencia de publicidad de las hijas de Zapatero- y Gate Center -la sociedad que gestiona el lobby del líder socialista con China- mediante contratos ficticios”.
La resolución judicial recoge además comunicaciones intervenidas entre Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Julio Martínez Martínez, dos hermanos venezolanos vinculados a casos de corrupción del chavismo, en las que ambos hablarían de operaciones internacionales relacionadas, precisamente, con “petróleo, oro, compraventa de acciones y divisas”.
El auto añade que incluso en mensajes intervenidos entre Arnaldo Amaro Chacón y el amigo de Zapatero, “Julito” Martínez”, se remiten cartas de intención dirigidas a la oficina de Zapatero, lo que, según el magistrado, reforzaría la hipótesis de una “conexión directa” entre empresarios y la presunta red de influencias.
La investigación se enmarca en unas diligencias previas abiertas por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. Para el magistrado “la operativa de la red presenta rasgos comunes: la creación de documentación ficticia, la coordinación digital constante mediante correos electrónicos, mensajería y archivos compartidos, la canalización de fondos a través de sociedades sin actividad real, la ocultación deliberada de la documentación contable y fiscal, el uso de administradores testaferros, y la intervención directa de José Luis Rodriguez Zapatero para “influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala”.
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