El presidente de Chile, José Antonio Kast, dio inicio este lunes 16 de marzo a las obras de construcción de la primera zanja en la frontera con Perú y aseguró que el país «ha sido vulnerado por la inmigración ilegal».
«Queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano. Ese Chile soberano que ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, por el narcotráfico, por el crimen organizado», indicó el gobernante, desde el Complejo Fronterizo Chacalluta, el principal paso entre Chile y Perú.
La zanja, que se comenzó a construir este lunes, tendrá una extensión de 30 kilómetros, una anchura de 3 metros y una profundidad de otros 3 metros y se prevé que esté lista en 90 días, según información oficial.
El exdiputado, que tomó posesión de la presidencia la semana pasada, explicó que «no es solo una zanja», sino que se trata de un «sistema integral» que incluye «barreras físicas, tecnológicas, humanas» y que «requiere también el trabajo con otras naciones».
«Este es solo el comienzo. Serán muchos kilómetros los que se bloquearán», indicó Kast, quien se ha declarado admirador de las políticas contra la migración del estadounidense Donald Trump, así como de las políticas carcelarias y de seguridad del salvadoreño, Nayib Bukele.
El llamado «Plan Escudo Fronterizo» fue una de las principales promesas, una estrategia de cierre de fronteras que abarca también la construcción en los próximos meses de muros y vallas de seguridad de 5 metros de altura, cercos perimetrales electrificados, torres de vigilancia y radares térmicos.
«Lo planteamos en la campaña, y hoy día podemos decir que comenzamos a frenar esa inmigración irregular, que en los últimos años trajo más de 180.000 personas a Chile (…) Hoy día esto es algo que distintas naciones están impulsando, no solamente nosotros», aseguró el líder del Partido Republicano chileno, que gobierna junto a la derecha tradicional.
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Según Kast, el «costo» para Chile de la inmigración irregular es «una salud que fue sobrepasada», «niños que no han tenido posibilidad de tener una educación porque no hay espacio» o la imposibilidad «de acceder a una vivienda propia o de arrendar una casa a un valor razonable».
La migración se ha duplicado desde 2017 y actualmente representa más del 8 % de la población, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que estima en más 330.000 los migrantes que están en situación irregular, mayormente venezolanos.
De acuerdo con cifras oficiales, los ingresos irregulares en la frontera norte descendieron el año pasado un 54 % respecto al máximo histórico de 2021, cuando se registraron 56.000 casos.
EFE
