En su visita a Puerto Ordaz, estado Bolívar, el exdiputado de la Asamblea Nacional, exembajador de Venezuela en la India y presidente de la Fundación El Amparo Internacional, Walter Márquez, hizo un enérgico llamado a los gobiernos regional y nacional para que se restituya el Estado de Derecho y la seguridad jurídica en la entidad, advirtiendo que no habrá inversión internacional posible si se insiste en repetir “los errores y fracasos del pasado”.
Por lapatilla.com
Márquez señaló que el estado Bolívar es el vivo ejemplo de lo que no debe volver a ocurrir en materia económica, recordando la destrucción de emporios como el agropecuario La Vergaraña y el complejo empresarial Friosa.
El parlamentario jubilado denunció que los legítimos propietarios de Friosa, los hermanos García Armas, están siendo víctimas de “terrorismo judicial” a través del uso de los órganos del Ministerio Público para consumar la ocupación ilegal y pretendida confiscación de 190 apartamentos del conjunto residencial Doña Paulina.
“Responsabilizo directamente al actual administrador de Friosa, Jorge Oropesa, quien junto a funcionarios del Ministerio de la Vivienda y Hábitat, pretende apoderarse de estos inmuebles sin que exista un decreto de expropiación”, sentenció Márquez.
Asimismo, desmintió categóricamente los dos argumentos oficiales que se manejan para justificar la toma. “Es absolutamente falso que estos edificios estén incluidos en los decretos de expropiación de Friosa de 2010 o 2012, pues la obra comenzó en 2015. También es falso que se construyera con materiales de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Reto a las autoridades a mostrar una sola prueba. Tenemos los soportes de que este proyecto fue financiado por el Banco Occidental de Descuento (BOD) y recursos propios del grupo empresarial”.
Márquez anunció que preparan una denuncia formal que será consignada ante el fiscal superior del estado Bolívar, el fiscal general de la República y la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Estado a través de la Embajada Americana.
Opacidad ambiental
Al ser consultado sobre la situación de las industrias estatales de la región, Márquez cuestionó la entrega del 51 % de las acciones de la empresa forestal Proforca (Maderas del Orinoco) a una corporación de Turquía. “No están cuidando el bosque, sino explotando desmedidamente lo que hay de 400.000 hectáreas, apenas quedan unas 40.000”, alertó al tiempo que exigió una auditoría profunda de la deuda externa antes de cualquier refinanciamiento.
En su condición de exembajador en la India, se comprometió a actuar como portavoz de los trabajadores de CVG Ferrominera ante la delegación diplomática de ese país y los empresarios indios vinculados al sector del hierro, con el fin de revisar las recurrentes quejas de los trabajadores y comercializadores de la zona del Orinoco.
Fronteras desasistidas y abusos militares
En el ámbito de la seguridad fronteriza, el presidente de la Fundación El Amparo Internacional se solidarizó con las denuncias de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas Venezolanas en localidades como Táchira y Zulia, coincidiendo con los recientes señalamientos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre incursiones militares en territorio neogranadino.
Márquez fustigó que los cuerpos castrenses mantengan una postura de “tolerancia” frente a grupos guerrilleros como el ELN y las FARC, usando los municipios fronterizos (como el municipio Semprún en el Zulia) como “aliviaderos” mientras se maltrata a los campesinos y obreros venezolanos. Exhortó a la Fuerza Armada Nacional a ejercer un rol estrictamente profesional y apartarse de la politización.
Caso de la nacionalidad de Maduro
Finalmente, el exparlamentario confirmó que recientemente remitió un informe exhaustivo, autenticado y apostillado, a la Fiscalía del Tribunal del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, donde se procesan causas contra Nicolás Maduro. El documento fue canalizado a través del dirigente político Pablo Medina.
Márquez ratificó las conclusiones de la investigación realizada junto a su esposa, la abogada Ana Hernández. “Nicolás Maduro nació en Bogotá, Colombia, y fue trasladado de dos años a Caracas, donde se le tramitó una partida de nacimiento extemporánea cuyo contenido es falso y presenta graves irregularidades en los folios, firmas y sellos de la época”.
Denunció que el mandatario ha acumulado hasta cinco lugares de nacimiento distintos según declaraciones de voceros del propio oficialismo y acusó a la dirigencia política del pasado de actuar con “complicidad por acción u omisión” ante este hecho.
Márquez cerró el encuentro con los medios contrastando su experiencia como preso político en tiempos democráticos frente a la realidad actual del país. Calificó el marco legal de indultos del Gobierno como una “Ley de Amnistía escuálida y parcializada”, que contradice la tradición republicana de Venezuela, donde incluso los responsables de los golpes de Estado de 1992 (el grupo de Hugo Chávez) fueron plenamente amnistiados para poder hacer vida política.
Exigió atención inmediata para casos de presos políticos invisibilizados o desaparecidos bajo custodia, como el del ingeniero de sistemas Robert Villamarín (detenido desde 2018 por el caso de los drones).
Recordó el emblemático caso de Víctor Quero. “No puede haber reconciliación nacional sin investigación, sin justicia y sin la debida reparación de los daños causados a las víctimas”, concluyó.
La noticia no descansa y nosotros tampoco
