Varias ONG rechazaron este jueves que Delcy Rodríguez, anunciara el fin de la amnistía, al considerar esta decisión como «arbitraria e inconstitucional», ya que su derogación no es competencia del Ejecutivo y la norma no establece una caducidad.
«Esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando», manifestó Provea en su cuenta de X.
En la misma red social, Acceso a la Justicia argumentó que la Ley de Amnistía no establece una fecha de vencimiento para los beneficiados, por lo que consideró que este instrumento sigue vigente, aunque el Ejecutivo «haya decidido que ya no lo está».
Asimismo, explicó que esta norma solo se puede derogar «mediante otra ley de igual rango» dictada por el Parlamento o por una sentencia de nulidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
«La intromisión del Ejecutivo nacional en este caso, tanto en las competencias legislativas como en las judiciales, viola los principios constitucionales de separación de poderes», apuntó Acceso a la Justicia.
Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón indicó en X que una ley de esta naturaleza no puede ser derogada por una declaración del Ejecutivo y calificó como un «atropello al Estado de derecho» el anuncio de la presidenta encargada.
A su juicio, pretender dar por concluida esta ley representa un «acto de inseguridad jurídica» que deja en «absoluta vulnerabilidad a las víctimas y envía una señal alarmante al sistema judicial, al instruir de facto a los tribunales para desestimar solicitudes de libertad bajo una premisa inexistente en el ordenamiento jurídico».
«Lamentablemente, este desenlace confirma nuestra preocupación inicial: la ley terminó siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos», añadió.
Delcy Rodríguez anunció este jueves que la amnistía «llega a su fin», dos meses después de que se aprobara la ley y cuando aún hay 473 presos políticos, según organizaciones no gubernamentales.
La mandataria no dio detalles ni explicó en qué consiste el «fin» de la Ley de Amnistía y aseguró que los casos que «estaban excluidos expresamente» en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este jueves.
La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Hasta el miércoles, 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según informó entonces el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento a la norma.
Con información de EFE
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