Una nueva oportunidad.
Es habitual y perfectamente normal que existan visiones distintas frente a un mismo hecho político. Las disputas por el liderazgo influyen, inevitablemente, en la interpretación de los acontecimientos. Nada de ello debería sorprender. Ocurre en cualquier lugar y forma parte de la dinámica política. En el caso venezolano, estas diferencias se han intensificado a raíz de los recientes hechos derivados de la extracción de Nicolás Maduro y su esposa por parte de los Estados Unidos, ocurrida el pasado 3 de enero.
Sin embargo, más allá de las divergencias, está la magnitud del compromiso con el futuro inmediato del país. Son numerosas las tareas pendientes para hacer posible un cambio pacífico hacia la democracia, y ese recorrido exige unidad. En este sentido, me hago solidario con las palabras del economista José Guerra en X: “Por el bien de todos y para que el cambio se materialice, la oposición democrática necesita también su propia Ley de Amnistía. No para perdonarnos, sino para curar las heridas, cesar el tiroteo mediático y tener una ruta común para que este esfuerzo de tanto sacrificio no se pierda. Tal vez sea mucho pedir en esta vorágine de insensatez. Pero hay que hacer el intento.”
Dentro de estas tareas para acordar un plan de acción común, es conveniente honrar la contundente victoria electoral obtenida en las pasadas elecciones presidenciales. Triunfo que sacudió con fuerza a la cúpula atrincherada en Miraflores. Hoy el madurismo continúa pagando un alto costo político por el zarpazo criminal que desconoció la voluntad mayoritaria del pueblo.
Reivindicar los auténticos resultados electorales del 28 de julio de 2024 significa defender la soberanía popular expresada en las urnas. Implica honrar a quienes acudieron a votar y a los testigos que arriesgaron todo para resguardar las actas que hoy sustentan la verdad de lo ocurrido. Representó un ejercicio cívico masivo mediante el cual los ciudadanos afirmaron su derecho a pronunciarse sobre el destino de la nación.
En el contexto actual, reconocer esa realidad puede constituir un paso firme hacia una democracia auténtica, no tutelada ni impuesta desde fuera. Defender la verdad sin concesiones y desenmascarar la mentira no es un acto de confrontación estéril, sino el ejercicio responsable de la ciudadanía comprometida con el bien común. En este momento de recomposición política, reafirmar esa disposición resulta no solo necesario, sino ineludible.
Ahora bien, dadas las actuales circunstancias, esta decisión vulnerada arbitrariamente puede ser redimida mediante un acuerdo político entre los factores en pugna. La Constitución vigente ofrece una oportunidad mediante la aplicación de los artículos 233 y 234. Si hay determinación y deseo de entendimiento, con base en estos dos preceptos, se podría convocar a un nuevo proceso electoral, siempre y cuando se garantice plena transparencia, equidad y confiabilidad. Dicha condición exige, como paso inicial indispensable y perfectamente factible, la designación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) genuinamente imparcial, conforme a los principios de independencia y neutralidad que establece la propia normativa establecida en la Carta fundamental.
Lucha, pero pacífica.
Por otro lado, es bueno recordar que la movilización ciudadana pacífica es una herramienta indispensable para acelerar los cambios. La existencia de una mayoría social es incuestionable, y el deber cívico consiste en mantener esa fuerza activa de manera sostenida. Se trata de un derecho constitucional que debe ejercerse sin interrupciones y de un desafío democrático que no puede eludirse. Ello implica respaldar a quienes luchan sin descanso. Reafirmar que somos una mayoría firme y decidida, comprometida con abrirle paso a la reconciliación nacional y a una transición sosegada.
El dilema es claro. O se actúa con decisión, o se cae en la resignación. Se permanece alerta, o se sucumbe a la apatía. La moderación excesiva termina, con frecuencia, por fortalecer al poder establecido. En contraste, la defensa de los espacios públicos y su conversión en trincheras pacíficas de lucha constituye una vía civilizada para recuperar la libertad perdida.
La esperanza descansa en una sociedad capaz de comprender la urgencia de participar y actuar en favor del cambio. De lo contrario, los operadores del madurismo continuarán saboteando cualquier intento de reconciliación, transformando hogares en cárceles. Imponiendo presentaciones obligatorias. Manteniendo una amenaza judicial permanente. En ese contexto, la libertad del ciudadano, sin haber cometido delito alguno, se vuelve una ficción.
De allí la expectativa en que la ley de amnistía actualmente en debate, y cuya aprobación podría producirse en el corto plazo, garantice una libertad plena y sin restricciones. Solo así será posible avanzar, con paso firme y en paz, hacia la reconciliación nacional
