Un médico venezolano, cuyo nombre reservamos para protegerlo de nuevas represalias, salió del Hospital Ortopédico Infantil de Caracas después de una larga jornada de trabajo. Iba camino a su casa, como cualquier ciudadano decente que cumple con su deber, cuando fue interceptado por cuatro funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en motocicletas. Lo obligaron a detenerse, a bajar del vehículo, y bajo amenaza de armas le dijeron que, por existir un supuesto estado de excepción, sus derechos civiles estaban prácticamente abolidos. La extorsión fue brutal: para no ser llevado al Helicoide debía pagar 30.000 dólares. Como no podía hacerlo, lo despojaron de dinero, documentos, reloj y cadena, siempre con una pistola apuntándole. Después lo soltaron con una orden seca: váyase rápido.
Lo más grave de este testimonio no es solo el robo. Es la naturaleza del robo. No estamos ante la delincuencia común que asalta desde la marginalidad; estamos ante la delincuencia uniformada que actúa desde la apariencia de legalidad. Cuando un ciudadano teme más a una alcabala que a un ladrón de esquina, la sociedad ha cruzado una línea muy peligrosa: la de la sustitución del Estado de derecho por el Estado delincuente.
Ese hecho, por doloroso que sea, no puede verse como un episodio aislado. Encaja en un patrón más amplio de degradación institucional. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU advirtió hace apenas tres días, el 12 de marzo de 2026, que desde el 3 de enero ha recibido reportes de al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos, y que entre septiembre y diciembre de 2025 documentó 135 arrestos arbitrarios, junto con un patrón continuado de torturas y malos tratos en cárceles, centros de detención y “casas seguras”. La misma Misión ha insistido en que persiste la práctica de silenciar la disidencia y ha reclamado la liberación inmediata de los detenidos políticos que siguen presos.
Es decir, el médico asaltado por policías no es una anécdota: es la expresión cotidiana de un sistema. El mismo aparato que persigue al disidente, amedrenta a la familia del preso político y convierte la prisión en instrumento de castigo político, también convierte el uniforme en franquicia de extorsión. Todo está conectado. La inseguridad ciudadana, la prisión política, la impunidad judicial y la crisis económica no son problemas separados: son distintas caras de una misma estructura de dominación.
De allí que hablar de transición no pueda limitarse a la economía o a las elecciones. Una transición seria debe comenzar por una fase de estabilización que restablezca el monopolio legítimo de la fuerza bajo control civil, profesional y constitucional. No puede haber recuperación económica donde el comerciante, el médico, el transportista o el productor estén expuestos a funcionarios que usan un decreto, un arma o una credencial para robar. La libertad económica necesita seguridad jurídica, pero también seguridad física. Nadie invierte, nadie produce y nadie regresa a su país si el uniforme sigue siendo una amenaza. El propio Manifiesto de Libertad subraya que una Venezuela renovada debe garantizar simultáneamente el derecho a la propiedad, a la seguridad y a una economía libre, y que las fuerzas armadas y policiales deben reformarse para defender al pueblo, no para someterlo.
Por eso la lucha contra la delincuencia de Estado debe ser una política prioritaria de las primeras horas de la transición. No como consigna, sino como programa concreto. Primero, hace falta una intervención institucional inmediata de los cuerpos policiales y de inteligencia más comprometidos con violaciones de derechos humanos, acompañada de depuración, suspensión de mandos, control externo y auditorías patrimoniales. Segundo, debe activarse una unidad especial contra la extorsión policial y militar, con apoyo internacional, canales seguros de denuncia y protección real para víctimas y denunciantes. Tercero, la transición debe emprender una reforma urgente del Ministerio Público y del sistema judicial, porque mientras los victimarios estén conectados con quienes reciben la denuncia, el ciudadano seguirá callando por causa de la intimidación.
El problema, además, se agrava cuando el poder utiliza el estado de excepción como coartada para criminalizar a la sociedad. El análisis crítico del Decreto N.º 5.200 advierte que ese instrumento abre la puerta a la suspensión de reuniones y manifestaciones, restringe el tránsito, militariza servicios esenciales, permite “búsqueda y captura inmediata” con categorías ambiguas y vulnera incluso la propiedad privada y la libertad económica. En lugar de proteger a la población, concentra más poder y amplía la discrecionalidad represiva.
En paralelo, la libertad de los presos políticos no puede verse como un tema aparte de la seguridad ciudadana. Es parte de la misma urgencia nacional. Foro Penal reportó al 9 de marzo de 2026 que aún había 508 presos políticos en Venezuela, y el 13 de marzo informó que se habían verificado 690 excarcelaciones desde el 8 de enero, al tiempo que alertó que tribunales seguían negando beneficios de amnistía a algunos beneficiarios. La Misión de la ONU también expresó preocupación por la falta de transparencia en ese proceso y por las limitaciones de la nueva ley de amnistía.
Esto obliga a una conclusión moral y política: no habrá pacificación real mientras existan presos políticos y no habrá confianza ciudadana mientras exista delincuencia uniformada. Liberar a los presos políticos y desmontar el aparato represivo no son medidas distintas; son dos partes del mismo proceso de saneamiento republicano. El manifiesto urgente en defensa del Estado de derecho impulsado por POC, CONFEPUV y FAPI lo expresa con claridad al denunciar el uso abusivo de las fuerzas militares y policiales, la instrumentalización del Poder Judicial y la necesidad de exigir la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos.
La transición venezolana, por tanto, debe caminar sobre dos piernas al mismo tiempo: seguridad y economía. La estabilización requiere desmontar redes de extorsión, desarmar estructuras parapoliciales, recuperar las calles y devolver garantías mínimas al ciudadano. El fomento económico exige devolver la propiedad, proteger la empresa, asegurar contratos y acabar con la arbitrariedad. Y solo sobre esa base podrá abrirse una fase electoral limpia, competitiva y confiable. Pretender elecciones libres sin desmontar antes la maquinaria del miedo sería pedirle a la sociedad que vote con una pistola en la sien.
El médico del Hospital Ortopédico Infantil quiso quedarse en Venezuela para servir a los niños. Ese gesto resume lo mejor del país. Que haya sido asaltado por quienes debían protegerlo resume, en cambio, lo peor del régimen que padecemos. La transición tendrá sentido si logra invertir esa escena: que el uniforme vuelva a ser garantía y no amenaza; que el ciudadano vuelva a denunciar sin miedo; que el preso político vuelva a su casa; que el médico vuelva a su hospital con esperanza; que la economía vuelva a respirar; y que Venezuela deje de ser un territorio de extorsión para volver a ser una república de derechos.
Rafael Veloz @rafaelvelozg
Ex Pdte de la Federación de Abogados de Vzla y Federación Interamericana de Abogados, FIA, Washington, USA. Fundador de la Confederación de Profesionales de Vzla CONFEPUV.
