El exdirector de actuación procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray, advirtió que el uso de fondos del Estado para financiar la defensa legal de Nicolás y Cilia en Estados Unidos constituye un acto ilícito que vulnera abiertamente las normativas anticorrupción de Venezuela.
lapatilla.com
A través de un extenso análisis, el abogado penalista cuestionó la viabilidad jurídica de desviar recursos del erario público para proteger a la cúpula chavista frente a la justicia internacional. “Desde el derecho de los EEUU tiene lógica lo ocurrido y es legal. Pero quién ha pensado en el derecho venezolano. Qué norma autoriza utilizar una partida pública para ese ilegal pago”, sentenció Mundaray al exponer la flagrante violación de las leyes nacionales.
La ilegalidad detrás del pago
El jurista detalló que el aparato de propaganda intenta normalizar una acción que carece de cualquier sustento en el ordenamiento legal venezolano. “Veo que es posible que se estén cometiendo al menos dos delitos: La Apropiación o distracción de patrimonio público o el de Destino diferente a fondo o rentas públicas, de los artículos 59 y 63 de la Ley contra la corrupción”, precisó el especialista.
Según su evaluación, las instituciones secuestradas por el chavismo no pueden justificar estos egresos porque la Constitución y la Ley de la Administración Pública no contemplan partidas para costear la defensa particular de funcionarios procesados en jurisdicciones extranjeras. “Si tú revisas la Ley de la Procuraduría, la Constitución, la Ley de la Administración Pública, lo que revises del ordenamiento jurídico, no existe ninguna partida para eso. Para eso no está”, recalcó.
Así mismo, el exfuncionario advirtió que la consumación del delito recaerá sobre las autoridades que autoricen los desembolsos millonarios para amparar a los jerarcas del régimen. “Cuando Delcy Rodríguez firme el uso de esa partida para pagar la defensa se habrá consumado el delito, del cual podrá ser juzgada con el retorno de la democracia”, aseguró el abogado al señalar directamente a la sucesora de Maduro.
“A ellos no les importa mucho la forma jurídica, pero ya deben tener a alguien pensando de dónde roban, porque eso va a ser un robo; es un robo realmente lo que está ocurriendo”, denunció.
El rastreo del dinero en el exterior
Al ser consultado por lapatilla.com sobre cómo documentar estas irregularidades frente a la profunda opacidad de la cúpula, Mundaray destacó la importancia del escrutinio sobre el sistema bancario estadounidense. “Lo interesante es que ahí va a haber un depósito, un cheque, una erogación que va a entrar a un banco norteamericano. Esto es importantísimo, además de que la defensa o los abogados, por razones de transparencia, tienen que asegurarse de que el dinero no proviene de la comisión de un delito”, explicó.
Para el experto, el origen de los fondos revelará el modus operandi del régimen para desviar el dinero de los venezolanos. “Entonces, esto es muy importante porque el rastreo va a ser a partir de dónde venga el dinero. Si de donde viene el dinero uno puede saber si viene de Tesorería, si es un dinero que viene de Pdvsa o si es un dinero que viene del Banco Central”, señaló el abogado al trazar la ruta de la futura investigación.
Mundaray insistió en que las firmas legales internacionales están obligadas a verificar la legalidad de los recursos. “Van a utilizar un intermediario seguro que va a ser un banco; entonces, de ese banco hay que rastrear el depósito que cayó allí. Eso va a ser un trabajo forense, técnico, y que incluso se podría generar un movimiento para pedir que los abogados den la información de dónde provino el fondo para tenerlo como primer elemento”, enfatizó.
Además, hizo un llamado a la sociedad civil y a los activistas a exigir rendición de cuentas, incluso frente a la negativa inminente de la Asamblea Nacional chavista. “Si yo estuviera en Venezuela, enviaría una comunicación directamente a la Asamblea diciendo: queremos saber de qué partida lo van a enviar. Y que me digan que no, que me digan lo que sea, la misma opacidad, la misma negativa ya constituye en sí mismo un delito”, sentenció el jurista, dejando claro que los ciudadanos tienen derecho a saber qué partida específica costeará el caso.
Un precedente nefasto
Mundaray también alertó sobre las consecuencias de permitir que altos jerarcas exijan cobertura legal con dinero del Estado ante tribunales foráneos. “En definitiva, el precedente es nefasto ahora, al contrario de que vayan a pedir otros bandidos que se genere alguna erogación nacional para defenderlos de futuros cargos que vayan a tener”, advirtió.
Para ilustrar la gravedad del asunto, el abogado contrastó la situación con el hipotético procesamiento de un individuo a nivel nacional. “Nadie tendría que pagarle la defensa a ningún bandido si fuera juzgado dentro del país. Entonces, ¿cómo es que habría que hacerlo si lo hace una jurisdicción extranjera?”, cuestionó el especialista, recordando que la ley solo contempla apoyo de solidaridad si un funcionario comete una infracción durante el estricto ejercicio de una misión oficial.
Finalmente, el experto rememoró el caso del expresidente Carlos Andrés Pérez para marcar la diferencia jurídica, explicando que el exmandatario utilizó una partida secreta que le otorgaba cierta discrecionalidad ejecutiva ante emergencias. En contraste con ese antecedente, subrayó que el financiamiento actual para Maduro y Flores carece absolutamente de cualquier mecanismo administrativo o constitucional que lo avale, constituyendo un delito de corrupción tipificado.
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