La gestión como fiscal general de la República de Tarek William Saab, que comenzó el 5 de agosto de 2017, estuvo marcada por denuncias, acusaciones y críticas por su vinculación con el oficialismo; así como señalamientos por parte de organizaciones no gubernamentales (ONG) y sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
El 25 de febrero de este año, Saab entregó su carta de renuncia a la Asamblea Nacional (AN) y dejó atrás el Ministerio Público para asumir de forma temporal el rol de defensor del pueblo.
La AN presentó su dimisión sin exponer los motivos y, minutos después, lo designó en el nuevo cargo, tras la renuncia de Alfredo Ruiz, quien también dejó su puesto en la Defensoría con el argumento de padecer problemas de salud.
Estos cambios se dieron casi dos meses después de la extracción del presidente Nicolás Maduro por parte de EE UU y en medio de un proceso de amnistía que busca reparar heridas, de acuerdo con las palabras de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Durante su gestión, su administración fue cuestionada por organizaciones como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), que han señalado la falta de independencia del Ministerio Público y limitada rendición de cuentas en casos de graves violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por fuerzas de seguridad del Estado.
El equipo de El Diario realizó un análisis de los hechos más relevantes que se dieron durante el mandato del exfiscal general, así como también las sanciones que pesan en su contra por parte de EE UU y la UE.
Trayectoria de Saab
Saab, de origen libanés, identificado con la izquierda y autor de varios libros de poesía, ha sido una figura importante en el oficialismo desde la presidencia de Hugo Chávez.
Empezó su carrera pública como dirigente estudiantil y participó en la defensa de Chávez cuando fue detenido por intentar tomar el poder a través de un fallido golpe de Estado, en 1992.
Saab se ha declarado en distintas oportunidades como un defensor de derechos humanos; prestó asistencia a familiares de los militantes y guerrilleros comunistas en los gobiernos previos a la llegada de Chávez al poder.
También fue defensor del pueblo entre 2014 y 2017, año en que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) lo designó como fiscal general. Ese periodo coincidió con el primer mandato de Maduro (2013-2019).
Su nombramiento como fiscal se dio en un momento de crisis política tras la destitución de Luisa Ortega Díaz, quien rompió con el gobierno después de denunciar la ruptura del hilo constitucional en medio de una ola de protestas contra Maduro.
Acusaciones en contra del exfiscal
La ANC, creada como una institución paralela a la AN, le pidió al fiscal hacer justicia en el país y desde ese momento, el Ministerio Público fue señalado por la oposición como el epicentro de un andamiaje legal que, a juicio de varias ONG, sirvió como brazo judicial del gobierno para la persecución política y las detenciones arbitrarias.
En la Corte Penal Internacional (CPI) hay una investigación contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017, justo cuando el país enfrentaba protestas y Saab comenzó su gestión.
Sin embargo, el exfiscal ha defendido su mandato como uno de las que más ha resuelto casos en la historia del Ministerio Público y sostuvo frente a la CPI que en su país se han procesado todos los casos de violación a los derechos humanos.
El 18 de febrero de este año, HRW solicitó al gobierno de Rodríguez desmantelar lo que calificaron como el “aparato represivo” del Estado, específicamente, urgió destituir al fiscal general Saab y derogar aquellas leyes que han permitido violaciones de derechos humanos.
Previamente, en 2020, la ONG Transparencia Venezuela denunció que, bajo la gestión de Saab, el Ministerio Público operaba con falta de independencia, por lo que funcionaba más como un instrumento de persecución política que como un órgano de justicia autónomo.
Sus informes destacaron que la Fiscalía fue clave en la estructura de impunidad en el país, al omitir investigaciones sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos y centrar sus esfuerzos en criminalizar a voces disidentes, periodistas y actores de la sociedad civil bajo cargos de terrorismo o conspiración.
De acuerdo con los análisis de la ONG, la gestión de Saab se caracterizó por la opacidad en las cifras, la desprofesionalización del cuerpo de fiscales y el uso de alertas rojas de Interpol con fines políticos, para consolidar un sistema judicial que no garantizaba el debido proceso.
Por otra parte, la Misión de Determinación de Hechos de los Derechos Humanos de la ONU ha pedido en diversas ocasiones investigar las violaciones en esta materia que han sido ignoradas por el fiscal general.
Otro señalamiento en contra de Saab provino del diputado Henrique Capriles, quien consideró una “burla a las víctimas” que se haya nombrado como defensor del pueblo, aunque de forma temporal, a Saab.
En declaraciones a la prensa, tras la sesión en la AN, Capriles señaló a Saab como el responsable de la persecución y la judicialización de venezolanos.
Denuncias durante la gestión de Saab
En julio de 2025, AI advirtió sobre un aumento de las aprehensiones arbitrarias cometidas de forma sistemática en Venezuela en su informe titulado Detenciones sin rastros: el crimen de desaparición forzada en Venezuela.
La ONG analizó 15 casos de detenciones desde julio de 2024, en los que hay ciudadanos de Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay.
“Estos crímenes realizados por el Estado coinciden con los elementos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada”, indicó el informe.
Ante este reporte, el exfiscal general calificó como falsos esos señalamientos y aseguró que en las detenciones tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 se respetaron los procesos.
“Lamento que Amnistía Internacional haya descendido a los sótanos del infundio sumándose a las campañas de agresión que sufre Venezuela y que han servido para justificar el bloqueo ilegal y criminal que sufre nuestra economía a mano de los Estados Unidos”, dijo Saab en aquel momento.
El fiscal aseguró que las acciones del Estado venezolano en defensa de la paz y la autodeterminación se basan en los principios constitucionales y legales que rigen al país.
Mientras que informes de Provea y Acceso a la Justicia han documentado el deterioro institucional del Ministerio Público durante el mandato de Saab.
De acuerdo con estas organizaciones, la gestión se caracterizó por la eliminación de la autonomía funcional y el uso del sistema penal como una herramienta de control social.
Acceso a la Justicia ha denunciado que, bajo la dirección de Saab, se consolidó la falta de independencia en el organismo, debido a que la mayoría de los fiscales actúan bajo cargos de libre nombramiento y remoción, lo que elimina cualquier posibilidad de autonomía frente a las órdenes del fiscal general.
Por su parte, Provea enfocó sus denuncias en la participación activa de la Fiscalía en la criminalización de la disidencia, y en criticar que Saab utilizara canales personales y redes sociales para anunciar imputaciones y culpabilidades antes de que se cumplan las fases procesales, lo que vulnera el principio de presunción de inocencia de cualquier persona.
La ONG también sostuvo que, mientras la Fiscalía es diligente en causas contra activistas y políticos, mantenía una actitud de inacción en presuntos casos de torturas y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por fuerzas de seguridad del Estado.
Sanciones de EE UU y la UE
El funcionario ha sido objeto de sanciones individuales por parte de EE UU y la UE, fundamentadas en acusaciones de socavamiento de la democracia y violaciones a los derechos humanos durante su gestión.
En ese sentido, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE UU fue el primer organismo en actuar contra Saab en 2017 por considerar que contribuía con el socavamiento de los DD HH en el país.
La medida, aún vigente, implica la congelación de todos los activos que el funcionario poseía bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición absoluta de que ciudadanos o entidades de ese país realicen transacciones financieras con él.
Por su parte, el Consejo de la UE incluyó a Saab en su lista de sancionados el 22 de enero de 2018, una medida que ha sido ratificada y prorrogada de forma sistemática, incluso en la más reciente revisión efectuada en 2025.
La UE argumenta que Saab es responsable de acciones que han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho, al usar el Ministerio Público para la persecución de la disidencia política.
Las sanciones europeas consisten en la prohibición de ingreso o tránsito por el territorio de los Estados miembros y la inmovilización de bienes y recursos económicos que se encuentren dentro del bloque comunitario.
Cifras oficiales del Ministerio Público
En su balance de 2025, Saab destacó que desde su llegada a la institución se condenaron 825 personas implicadas en violaciones a derechos humanos y 3.116 fueron imputadas, entre ellos 2.957 funcionarios de seguridad del Estado.
También ha mencionado su lucha contra la corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), al citar más de 30 tramas y más de 24.000 imputaciones en toda la administración pública, así como la creación de nuevos programa de denuncia contra la pedofilia, el acoso escolar, maltrato animal o narcotráfico.
El 9 de enero de este año, Saab informó que 4.497.364 personas habían sido atendidas por el Ministerio Público durante su gestión al frente de la institución.
No obstante, estos números no frenan las críticas. La oposición, por su parte, responsabiliza a Saab de las más de 2.400 detenciones ocurridas tras las elecciones presidenciales de 2024.
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