Frank Sauerbaum, próximo director del Servicio Nacional de Migraciones de Chile para el gobierno de José Antonio Kast, afirmó el 3 de marzo que en la nueva administración no se realizará una regularización para los migrantes que ingresaron al país por pasos no habilitados.
Durante una entrevista para el medio chileno TVN, Sauerbaum recalcó que en la medida están incluidos los más de 180 mil extranjeros que participaron en un proceso de empadronamiento biométrico en 2023, durante el mandato del presidente Gabriel Boric.
“No se va a producir una regularización como propuso Carolina Toha (exministra de Interior y Seguridad Pública de Chile) de que todas estas personas que habían sido empadronadas los regularizáramos. Eso es saltarse las filas, eso es romper la propia ley y eso también es inconstitucional porque la ley prohíbe que lo hagamos, así que nosotros no vamos a hacer nada que no esté dentro del marco de la ley”, dijo el futuro director de Migraciones chileno.
Agregó que se propondrá impulsar algunos proyectos de ley, que ya se habían presentado ante el Senado, para declarar el ingreso clandestino o por pasos ilegales como un delito.
“Hoy entrar a Chile por un paso no habilitado, sin permiso, no es un delito. Por lo tanto, se complejiza en la detención de las personas cuando van entrando por un paso no habilitado. Eso nosotros lo vamos a tramitar rápidamente para que se apruebe pronto en el Senado”, recalcó.
De qué trataba el empadronamiento de migrantes
El empadronamiento de migrantes se realizó en Chile entre julio de 2023 y enero de 2024. Fue una medida que impulsó el Servicio Nacional de Migraciones en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI).
Para este operativo, los extranjeros debían realizar una autodenuncia ante las autoridades, reportando así que habían ingresado de manera ilegal al país. Las personas que podían participar en este empadronamiento solo eran aquellas que ingresaron por pasos no habilitados hasta el 30 de junio de 2023.
Luego de tener la constancia de la autodenuncia, las personas debían dirigirse a algunos de los puntos habilitados en todo el país para que las autoridades les tomaran sus datos como huellas dactilares, fotografía de sus rostros y lugar de residencia.
En total, 182 mil migrantes se sometieron al proceso de empadronamiento y, tras las declaraciones del subsecretario del Interior chileno, Luis Cordero, en diciembre de 2024, se esperaba una “regularización acotada” de extranjeros que participaron en el operativo.
Entre los requisitos que debían cumplir las personas era el arraigo laboral o familiar en el país, por lo que el alcance de la regularización sería para una parte del total empadronado. Sin embargo, el proceso no se produjo.
La propuesta de exministra y el rechazo del gobierno de Boric
El 8 de febrero de 2026, la exministra de Interior, Carolina Tohá, advirtió durante sobre la posibilidad de que el nuevo gobierno expulse a las personas que formaron parte del empadronamiento, que se realizó mientras seguía en el cargo de ministra. Ante esta situación, instó a la actual administración regularizar a los extranjeros empadronados.
“Esas personas hoy día, si el gobierno nuevo entra con el afán de expulsar, no tiene que ir a buscar a nadie; las tiene ahí, con su dirección y número de documento”, dijo.
Cuestionó que en el país se genere como debate la imagen de organizaciones criminales como el Tren de Aragua para “perseguir” a inocentes.
“Ningún malo se fue a empadronar. Los malos son expertos: se esconden, tienen documentos falsos. (Buscan) perseguir de la misma manera a señoras que trabajan en el jardín infantil (…) no quiero eso en Chile y creo que es como traicionar nuestra idiosincrasia”, sentenció.
Sin embargo, un día después de sus declaraciones, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó que exista algún plan de regularizar migrantes de cara al 11 de marzo, fecha en la que Kast tomará posesión.
“(El empadronamiento) fue un ejercicio de transparencia muy importante que se hizo desde el Estado porque, hasta la fecha, esas 180 mil personas, antes de que nosotros llegáramos, no sabíamos quiénes eran. Cuando hablamos de proceso de regularización que abarca meses, esto es una conversación que no puede ser solo resuelta por un gobierno, tiene que trascender o al menos abarcar a dos administraciones”, dijo Vallejos a la prensa.
Frente a esta situación, varias organizaciones defensoras de migrantes han alertado sobre los resultados que tenga una eventual expulsión de estos extranjeros empadronados.
De acuerdo con Gabriela Hilliger, directora jurídica del Servicio Jesuita Migrante, la posible expulsión de quienes “confiaron en el Estado” para empadronarse podría generar desconfianza en un futuro, si un gobierno quisiera replicar la convocatoria.
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