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miércoles 11 de febrero 2026
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Provea confirmó la excarcelación del abogado Eduardo Torres tras más de ocho meses de prisión arbitraria

 

Foto: Cortesía

 

La organización no gubernamental Provea informó la noche de este viernes 30 de enero, sobre la excarcelación del abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres, quien permanecía recluido de forma arbitraria en la cárcel Yare II, ubicada en el estado Miranda.

Por: lapatilla.com

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial en X (antes Twitter), la ONG detalló que Torres estuvo detenido desde el 9 de mayo de 2025, cuando fue víctima de detención arbitraria y desaparición forzada.

Durante sus primeros meses de reclusión, permaneció incomunicado en la sede del Sebin en El Helicoide, sin acceso a visitas de familiares ni abogados de confianza.

Posteriormente, el abogado fue trasladado al centro penitenciario Yare, donde sus familiares lograron verlo por primera vez tras varios meses sin contacto. Provea denunció que, durante más de 250 días, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no dio respuesta a un recurso de Habeas Corpus interpuesto por su equipo legal.

 

 

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Según la organización, esta omisión constituye una grave violación al derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 27 de la Constitución venezolana, así como en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, enviando —a su juicio— un mensaje de denegación de justicia al resto del sistema judicial del país.

“Celebramos la excarcelación de Eduardo Torres”, expresó Provea en su comunicado, al tiempo que reiteró su exigencia de libertad plena e inmediata para todas las personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela. Entre los casos mencionados, la ONG destacó el del también defensor de derechos humanos Javier Tarazona, quien continúa detenido.

La organización insistió en la necesidad de poner fin a las detenciones arbitrarias, la criminalización de la defensa de derechos humanos y el uso del sistema judicial como mecanismo de persecución política.

 

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