El PP seguirá moviendo ficha en el Parlamento Europeo contra lo que queda del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela hasta que la transición sea efectiva y se celebren unas elecciones. Es la hoja de ruta del partido, defendida por Alberto Núñez Feijóo y que solemnizó de la manera más clara posible hace semanas abrazándose en la puerta de la sede popular, en la calle Génova, con la líder opositora, María Corina Machado. Sin embargo, la Cumbre Iberoamericana prevista para los días 4 y 5 de noviembre en la capital, ha vuelto a enredar la situación después de que el Gobierno español haya invitado a Delcy Rodríguez a acudir.
Por Paloma Estaban | ABC
El Ministerio de Asuntos Exteriores español lo justificó recordando que la que fuera vicepresidenta de Maduro ostenta hoy “la representación institucional” de Venezuela. La cuestión es que Delcy Rodríguez está sancionada en la Unión Europea desde 2017, precisamente en condición de figura clave en el régimen chavista. Esas sanciones -a pesar de haber sido confirmada como Donald Trump como presidenta encargada en este periodo tan complejo- se mantienen. Y no solo eso. Hace solo unos días el Parlamento Europeo apoyó masivamente que sigan vigentes con los votos de casi todos los partidos de la Cámara, incluidos los eurodiputados socialistas españoles.
La moción -de carácter simbólico y que en este momento adquiere un peso importante para medir la opinión general- fue impulsada por el PP europeo (PPE). Según explican en Génova, la intención del partido es mantener la presión en máximos, justamente, desde el ámbito parlamentario. La formación conservadora podría dirigirse a la Comisión Europea para pedir una opinión al respecto. El problema de fondo, reconocen algunas fuentes populares, es que la Cumbre Iberoamericana estará presidida por Felipe VI en Madrid. Muchos dirigentes reconocen que les cuesta imaginar una fotografía en la que esté Rodríguez. Pero en el entorno de Feijóo reiteran que el sentido de la institucionalidad en una cumbre de alto nivel que encabece el Rey impide al partido jugar al boicot. El margen de maniobra no es muy amplio.
Por eso entra en juego la capacidad de presión a nivel comunitario. El Gobierno español ya ha intentado que Rodríguez saliera de la lista europea de sancionados y se encontró con una fuerte oposición de países como Alemania, Países Bajos, Polonia, Suecia y los bálticos. Fuentes europeas insisten en reconocer la dimensión que implica que un nombre entre en esa lista negra, con las implicaciones que tiene y alertan del precedente que podría sentar la “excepcionalidad temporal” que baraja Moncloa y que adelantó este periódico.
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