En la víspera del 1 de mayo, el sector salud en el estado Monagas ha alzado su voz para denunciar la precariedad laboral y la crisis asistencial que atraviesa la entidad.
Por lapatilla.com
Yen Santil, secretaria general del Sindicato Único de Empleados Públicos de la Salud (Sunep-Sas) en la entidad, denunció la precariedad que enfrentan más de 6.000 trabajadores del sector, quienes sobreviven con salarios «de hambre», mientras ven cómo el derecho a la salud gratuita se desvanece.
La dirigente sindical fue enfática al solicitar un ajuste salarial inmediato basado en el artículo 91 de la Constitución. Los trabajadores exigen un salario mínimo que se ajuste a la cesta básica, iniciando con una base de 200 dólares que progrese hasta los 600 dólares, cifra que apenas cubriría la canasta alimentaria.
«Llevamos siete años sin discusión de contrato colectivo. El instructivo de la Onapre nos arrebató las cláusulas económicas y hoy nuestras prestaciones sociales, fideicomisos y aguinaldos no valen nada, porque están anclados a unos miserables 130 bolívares», sentenció Santil.
La sindicalista denunció la implementación de mecanismos de «autogestión» en el Hospital Central de Maturín en áreas críticas como el laboratorio, debido a que el régimen suma más de 15 años sin dotar de reactivos al principal centro asistencial de la entidad.
Aunque empresas privadas han instalado equipos para agilizar exámenes, el costo recae directamente sobre el bolsillo de los pacientes y sus familiares.
«La salud es un derecho constitucional y debe ser gratuita. Vigilamos estos procesos porque hay pacientes que no tienen ni un centavo para una emergencia. No es posible que aunque lleguen contenedores de insumos, el paciente siga con una lista en la mano comprando todo», cuestionó.
Deuda quirúrgica y servicios paralizados
La mora no es solo salarial. Santil manifestó que en dicho hospital existen más de 108 adultos mayores a la espera de cirugías de cataratas, simplemente porque el Estado no ha adquirido los equipos de oftalmología necesarios. A esto se suma la paralización de servicios vitales como Infectología, Dermatología y Anatomía Patológica, donde la realización de biopsias y citologías es casi nula.
Finalmente, el gremio exigió una auditoría transparente y la instalación de mesas de trabajo con la Dirección Regional de Salud, donde sindicatos y comunidad puedan vigilar el destino de los recursos.
«Estamos reclamando lo justo: salud para el pueblo y dignidad para quienes la imparten», concluyó.
La noticia no descansa y nosotros tampoco
