El exalcalde venezolano Carlos García, de 42 años, está enfrentando una batalla legal para evitar su expulsión de Estados Unidos. El 23 de enero fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y trasladado a un centro de detención del condado de Butler, en Hamilton, Ohio, donde reside con su esposa e hijos. La pareja se encontraba en una cita de control migratorio, como las que atienden cada tres meses desde que llegaron al país el 1 de febrero de 2022. Su cónyuge compareció sin contratiempos, pero él fue detenido pese a la solicitud de asilo que arrastra desde hace años y la sobrada evidencia de ser un perseguido político en su país natal. Sus abogados introdujeron un hábeas corpus ante la corte de inmigración para conseguir su liberación, pero en la audiencia que tuvo lugar este 10 de febrero se pudo conocer que el Departamento de Seguridad Nacional está solicitando su deportación a Ecuador.
Por José Luis Ávila | El País
“Carlos no tiene familia, casa ni ningún tipo de apoyo en ese país. Nunca ha solicitado protección allí. Solo pedimos que pueda defender su caso donde pidió asilo formalmente. Como esposa y madre, me preocupa profundamente que sea enviado a un lugar donde estaría completamente solo, sin red de apoyo y lejos de su familia. Confiamos en que el proceso sea justo y que pueda continuar su caso donde lo inició”, declaró su esposa y vocera del caso, Gabriela Duarte.
El Tribunal Supremo de Venezuela, controlado por el chavismo, depuso a García de su cargo como alcalde en 2017 y lo condenó a 15 meses de prisión, alegando su inacción ante la ola de protestas contra el régimen de Maduro que se desarrollaron en Mérida y el resto del país aquel año. El abogado egresado de la Universidad de Los Andes y militante del partido opositor Primero Justicia, no tuvo otra opción que huir. Se estableció primero en Cúcuta (Colombia), donde nacieron sus dos hijos, pero cuatro años después decidió moverse a Estados Unidos en busca de una mayor protección.
Justo con su familia y sus padres, cruzó el río Bravo y se entregó a la patrulla fronteriza en Hidalgo (Texas), y tras expresar miedo a la persecución y la tortura, se le concedió la entrada al país para llevar su proceso en libertad. García y sus familiares también recibieron Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un beneficio migratorio actualmente eliminado por la Administración Trump.
Hasta esta semana, el mayor temor de sus familiares era la deportación de García a Venezuela, que pese a la captura de Maduro, sigue estando gobernada por el régimen que intentó detenerlo años atrás. “Volver a Venezuela en las condiciones actuales —con una justicia y un sistema político que ha perseguido a dirigentes opositores— podría exponerlo a una aprehensión directa y a riesgos serios para su libertad“, explicó su esposa en el video con el que hizo público su arresto.
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