El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes 28 de abril el traslado de más de 600 personas privadas de libertad desde el Centro Penitenciario Yare III, en Miranda, hacia distintos recintos carcelarios de los estados Aragua, Carabobo, Guárico y Lara, en medio de cuestionamientos por la falta de información oficial sobre lo ocurrido recientemente en ese penal.
A través de una publicación en la red social X, la ONG afirmó que los movimientos fueron realizados de forma “arbitraria” y los vinculó con una presunta maniobra para borrar evidencias y obstaculizar investigaciones relacionadas con los hechos violentos registrados hace una semana en la cárcel ubicada en el estado Miranda.
La organización sostuvo que, hasta ahora, las cinco muertes reportadas en Yare III siguen sin esclarecerse. Además, criticó el silencio del Ministerio para el Servicio Penitenciario y señaló la falta de actuación del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Más de 600 personas privadas de libertad fueron trasladadas arbitrariamente desde el Centro Penitenciario Yare III hacia distintos recintos en los estados Aragua, Carabobo, Guárico y Lara, en una evidente maniobra para borrar evidencias y obstaculizar cualquier investigación, tal… pic.twitter.com/aYA1IoT9Jt
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) April 28, 2026
Sin lista oficial de trasladados
El OVP advirtió que no existe hasta el momento un listado oficial de los reclusos trasladados, por lo que numerosas familias desconocen el paradero y estado de salud de sus allegados.
Según la ONG, algunos internos han logrado comunicarse con familiares para informar en qué cárcel fueron recluidos, pero otros continúan sin poder hacerlo, lo que mantiene la incertidumbre entre sus parientes.
La organización exigió al Ministerio para el Servicio Penitenciario publicar de inmediato la lista completa de personas movilizadas y garantizar el derecho de los familiares a conocer la ubicación y condición de los detenidos.
Familias afectadas por los traslados
El observatorio también alertó sobre el impacto económico y emocional que la medida genera en los familiares de los presos, quienes ahora deberán desplazarse cientos de kilómetros para poder visitarlos.
Esto implica asumir gastos de transporte, alimentación y hospedaje, además de continuar cubriendo insumos básicos que, según denuncian organizaciones de derechos humanos, no son garantizados de forma regular dentro del sistema penitenciario venezolano.
El OVP agregó que los recintos a los que fueron enviados los reclusos presentan altos niveles de hacinamiento, lo que podría agravar los riesgos para la integridad física y la salud de la población penitenciaria.
Contexto de tensión en Yare III
La denuncia ocurre una semana después de los hechos registrados en Yare III, donde se reportó la muerte de cinco privados de libertad en circunstancias que aún no han sido aclaradas públicamente.
Desde entonces, familiares de los internos y organizaciones no gubernamentales han reclamado información oficial sobre heridos, fallecidos y eventuales traslados dentro del sistema carcelario.
El OVP indicó que toda la documentación recopilada sobre los sucesos ocurridos en Yare III será consignada ante instancias internacionales, al tiempo que reiteró que la población penitenciaria más vulnerable “está pagando con su vida el abandono del sistema”.
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