El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el jueves 5 de febrero la muerte bajo custodia de un hombre de 75 años de edad en el Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como “La mínima”.
El fallecido fue identificado como José Lorenzo Chacón Becerra, a quien calificaron como preso social. La organización no gubernamental (ONG) detalló que su muerte se debió a una falla multiorgánica ocurrida en el mes de enero.
“Este hecho evidencia una vez más la grave desatención médica y la vulnerabilidad extrema que enfrentan los reclusos en Venezuela”, indicó el OVP en una publicación de X.
La organización explicó que en el caso de Chacón Becerra se violó el artículo 48 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece que a los 70 años de edad finaliza toda pena corporal que haya durado al menos cuatro años.
“José Lorenzo no debió morir tras las rejas, debió estar en libertad”, alertó la ONG.
Opacidad
El OVP alertó en la publicación sobre la opacidad que mantiene el gobierno encargado, presidido por Delcy Rodríguez, sobre las condiciones de salud y nutrición en las cárceles del país.
“La falta de transparencia solo busca ocultar la crisis que se vive en los centros de reclusión”, señaló la organización.
La publicación hizo un llamado urgente al gobierno venezolano para que brinde atención médica oportuna y garantice el derecho a la vida de las personas privadas de libertad, como lo establecen los estándares internacionales.
“Asimismo, debe dar cumplimiento al artículo 272 de la Constitución, el cual exige un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación de los internos y el respeto irrestricto de sus derechos humanos”, añadió.
Muertes bajo custodia
El monitoreo de las ONG sobre la situación de los presos políticos ha permitido que se denuncien y documenten al menos 26 muertes bajo custodia en la última década.
Este número, verificado por el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos, solo corresponde a casos de presos políticos, por lo que la cifra real de todos los reclusos fallecidos en prisión puede ser mayor.
La divulgación de la lista, publicada el 11 de enero a través de sus redes sociales, se produjo tras confirmarse la muerte de Edison Torres, un funcionario policial que se encontraba privado de libertad en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, estado Miranda, conocida como Zona 7.
La ONG calificó estas muertes como “crímenes de Estado”, al argumentar que las causas de muerte están directamente vinculadas a las condiciones precarias de reclusión.
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