Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) rechazaron que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara el fin de la amnistía, al considerarla una decisión arbitraria e inconstitucional.
El Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic) denunció el 24 de abril que esta medida genera daños irreparables en las personas que han sufrido violaciones de derechos humanos.
La organización sostiene que el fin de una ley de amnistía no debe significar la interrupción del acceso a la justicia y reafirma que el paso del tiempo afecta de manera directa el derecho a la reparación integral de los afectados.
“La Ley de Amnistía aprobada no tenía un marco temporal establecido para su aplicación. Toda modificación o derogación de esta ley, sea parcial o total, debe ser revisada por reserva legal solamente por el poder legislativo”, señaló Cofavic en su cuenta de X.
Agregó que la decisión de finalizar la aplicación de la Ley de Amnistía profundiza la incertidumbre jurídica y la discrecionalidad de los afectados.
“Las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la memoria histórica y la lucha contra la impunidad”, señaló la ONG.
Inconstitucionalidad de la medida
Por su parte, el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé, fundamentó su rechazo a la medida en el artículo 218 de la Constitución de la República.
El abogado penalista explicó que el Poder Ejecutivo no puede privar de su vigencia a ninguna ley, ya que la amnistía es un acto dictado por la Asamblea Nacional actuando como cuerpo legislador bajo el artículo 202 constitucional.
“El art. 218 de la Constitución dice claramente que las leyes sólo pueden ser derogadas por otras leyes y sólo se abrogan por referendo. El Poder Ejecutivo no puede privar de su vigencia a ninguna ley de la República. Sólo un acto de la misma naturaleza, emanado de la AN, o un referendo abrogatorio (en el que el pueblo decide) puede privarla de su vigencia”, indicó Himiob en su cuenta de X el 24 de abril.
Además, destacó que la vigencia de la Ley de Amnistía no estaba limitada, en lo que respecta a su aplicación, en el tiempo ya que se estableció desde cuando comenzaba su vigencia pero no se le impuso una fecha de caducidad.
De acuerdo con el vicepresidente del Foro Penal, el alcance limitado del instrumento legal responde a la falta de atención a las recomendaciones técnicas iniciales y a la resistencia de los órganos de administración de justicia para aplicar sus principios fundamentales.
“Ni la AN ni el Poder Ejecutivo le prestaron atención a las recomendaciones y críticas que, desde el inicio, se hicieron sobre el texto de la misma y, en segundo lugar, porque los órganos de la administración de justicia, que son parte del mismo sistema represivo que hizo necesaria una amnistía, nunca tuvieron en realidad la disposición ni la capacidad de aplicar la Ley de Amnistía respetando su sentido o los principios que en ella están contenidos”, acotó.
Himiob instó al Ejecutivo a ponerle fin a la persecución y represión en Venezuela y a cerrar el ciclo con la liberación de todos los presos políticos.
Medida arbitraria e inconstitucional
Provea también expresó su rechazo luego de conocerse la noticia debido a que consideró que esta suspensión de libertades para presos políticos no va en sintonía con el clima de paz que requiere Venezuela.
“Recordamos que la derogatoria de una Ley no es competencia del Ejecutivo Nacional. Esto constituye una medida arbitraria e inconstitucional, que no contribuye al proceso de convivencia y paz que se viene anunciando”, señaló Provea en su cuenta de X el 23 de abril.
La ONG agregó que la Ley de Amnistía debe formar parte del proceso de reinstitucionalización que necesita el país.
“Debe ser un primer paso en esa dirección, pero no es un requisito para que se produzca la liberación plena de todas las personas privadas de libertad por razones políticas. Por ello, urge la liberación plena e inmediata de estas personas, y la derogación de las leyes que han sido empleadas para criminalizar y perseguir a la disidencia”, acotó Provea.
Atropello al Estado de derecho
En la misma red social, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) también cuestionó el anuncio de Rodríguez al considerar que se trata de una decisión que vulnera principios fundamentales del Estado de derecho y debilita las garantías jurídicas de las personas afectadas por persecución política.
A través de la publicación en X, la ONG calificó la medida como “un grave atropello al Estado de derecho”, al sostener que una normativa de este tipo no puede ser limitada de forma unilateral por el Ejecutivo ni sujeta a interpretaciones administrativas.
Según explicó la organización, la vigencia de una ley de amnistía está directamente vinculada a la persistencia de las situaciones que busca corregir, como las detenciones arbitrarias o la persecución política.
“Pretender dar por concluido este instrumento de forma unilateral representa un acto de inseguridad jurídica que deja en absoluta vulnerabilidad a las víctimas y envía una señal alarmante al sistema judicial, al instruir de facto a los tribunales para desestimar solicitudes de libertad bajo una premisa inexistente en el ordenamiento jurídico”, escribió JEP.
A juicio de la organización, la medida no solo sería discriminatoria, sino que además vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos, al implicar un retroceso en las garantías previamente reconocidas.
“Lamentablemente, este desenlace confirma nuestra preocupación inicial: la ley terminó siendo un ejercicio de retórica política más que un instrumento genuino para devolver la libertad a los presos políticos”, indicó JEP.
Insistió en que cualquier proceso de reforma judicial o reconciliación nacional debe basarse en el respeto pleno de las leyes y en mecanismos transparentes que aseguren justicia efectiva.
Exigencia de justicia
El partido opositor de Venezuela Primero Justicia (PJ) también rechazó el fin de la amnistía, aunque reiteró que la consideraba “insuficiente y excluyente”.
PJ reafirmó su compromiso con la consolidación de una transición en el país que, resaltó, solo podrá dar por iniciada cuando todos los presos políticos, civiles y militares obtengan la libertad plena.
“Exigimos que se haga justicia y sea reparado todo el daño que han sufrido las víctimas y sus familias por tantos años”, manifestó el partido político en su cuenta de X.
Fin de la amnistía
Delcy Rodríguez anunció el 23 de abril que la amnistía llegó a su fin, dos meses después de que se aprobara la ley y cuando aún hay 473 presos políticos, según organizaciones no gubernamentales.
La mandataria no dio detalles ni explicó en qué consiste el “fin” de la Ley de Amnistía y aseguró que los casos que “estaban excluidos expresamente” en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este jueves.
La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Hasta el miércoles, 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según informó entonces el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento a la norma.
La entrada ONG rechazaron el fin de la amnistía por considerarlo inconstitucional y arbitrario se publicó primero en El Diario Venezuela – elDiario.com.
