Con el objetivo de sacudir la inercia ciudadana y exigir la libertad plena de los detenidos por motivos de conciencia, integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la dirigencia de Voluntad Popular (VP), activistas de derechos humanos y destacados expresos políticos consolidaron un frente de resistencia civil durante un encuentro nacional celebrado en el estado Táchira.
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La actividad, que tuvo como escenario el Colegio de Ingenieros de San Cristóbal, sirvió para unificar el clamor de las regiones frente al limbo judicial y el “silencio administrativo” que traba la aplicación de la Ley de Amnistía. En este contexto, la plataforma unitaria anunció el despliegue inmediato de las denominadas “Redes Populares” a través de asambleas cívicas, programas de asistencia comunitaria y auditorías técnicas a los centros de votación.
Uno de los discursos más destacados del encuentro lo ofreció Daniel Romero, dirigente sindical de la industria siderúrgica de Guayana y expreso político que actualmente se encuentra bajo régimen de presentación tras haber estado recluido en El Rodeo I. Romero vinculó de forma directa la lucha por las libertades públicas con la dignidad de la clase obrera venezolana.
“El pensar diferente no es un delito; pensar diferente es democracia y eso es lo que estamos pregonando para que el país renazca. Reciban un abrazo de la tierra del hierro, el acero y el oro. Toda esa riqueza que este Gobierno quiso esconderle al pueblo estará al servicio de una Venezuela libre”, exclamó el líder metalúrgico, quien además ratificó el respaldo de las bases a la conducción de María Corina Machado.
Romero denunció la irregularidad de que una amnistía no se aplique en pleno derecho y advirtió que las protestas pacíficas se replicarán en cada estado del país donde existan familias sufriendo el calvario carcelario.
Opacidad en el sistema carcelario
La urgencia de reactivar la organización de la sociedad civil cobra fuerza ante recientes acontecimientos que evidencian las fallas del sistema penitenciario y judicial en el país, entre los que se destacaron el caso De Grazia.
A pesar de que el Juzgado Primero de Juicio acordó una medida humanitaria de arresto domiciliario para los hermanos Carmelo y Daniel De Grazia, sus familiares denunciaron un bloqueo ilegal por parte de la dirección del penal Rodeo I, lo que ha retrasado arbitrariamente su excarcelación.
Por otro lado, defensores de derechos humanos y familiares realizaron vigilias tras confirmarse la muerte en extrañas circunstancias del comerciante Víctor Hugo Quero Navas mientras se encontraba en custodia, un hecho que reactivó las alarmas sobre la vulnerabilidad de los prisioneros.
“Venezuela debe salir ya de la división política. El mensaje desde Guayana es de fe, solidaridad y unidad. No habrá reconciliación posible mientras las cárceles sigan llenas”, concluyó Romero, extendiendo una invitación abierta a todos los sectores a sumarse a la organización comunitaria como vía para forjar una transición democrática.
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